El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministro de los servicios básicos por no pago. Por amplia mayoría, con 30 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para ser revisada.

El proyecto busca que, en los 90 días posteriores a la publicación de la ley, las empresas que proveen de servicios como luz, agua y gas no puedan cortar el servicio por mora a los usuarios 'residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas'.

A estos beneficiarios se suman también los establecimientos de salud y educación dependientes de los municipios.

Las deudas que se contraigan en este período serán distribuidas en hasta 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin intereses ni multas. A la vez, se indica que los clientes que tengan problemas de poder pagar sus servicios de telefonía fija, móvil o de acceso de internet en este plazo, podrán pedir un cambio transitorio de contrato a un 'plan básico solidario de conectividad, por un plazo máximo de 3 meses'.

Esta aprobación se da en paralelo a una moción de la diputada Joanna Pérez que apunta a lo mismo y que, además, establece una multa para las compañías que no respeten la ley mientras dure el Estado de Catástrofe, que va entre las mil y dos mil unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y la reposición inmediata de los servicios al usuario afectado.

Estas iniciativas parlamentarias no han estado exentas de críticas desde la industria sanitaria y de las telecomunicaciones. Cuando este último proyecto aún estaba en discusión en la Cámara Baja, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios advirtió el riesgo que presentaba el no pago para la continuidad operacional, en especial de aquellas empresas más pequeñas.

A esto se sumó el presidente de Entel, Juan Hurtado, quien envió una carta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalando los riesgos para el desarrollo futura de la industria. En su alerta, Hurtado dijo que, entre otras cosas ,'sin duda estamos ante un proyecto abiertamente inconstitucional'.

Balance del plan de gobierno

Son más de 100 mil las familias las que han podido acceder a los beneficios de suministro de servicios básicos acordados entre las compañías proveedoras y el gobierno. Estos apuntan a lo mismo que los proyectos de ley en el Congreso, pero han sido suscritos de manera voluntaria. La mayoría de las postulaciones se dio para los servicios de luz y electricidad.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, celebró que desde el anuncio no han recibido ningún reclamo ante la SEC por cortes del suministro eléctrico. Y, además, dos semanas atrás lograron incorporar el gas de red a este beneficio.