El proyecto termosolar Bundang-Gu Calama, que involucra una inversión total de US$4.000 millones y que espera alcanzar una potencia nominal de 1.007 MW de energía; ingresó nuevamente su declaración de impacto ambiental a la calificación del Servicio de Evaluación Ambiental, que la acogió a tramitación luego que la iniciativa fuera rechazada en noviembre de 2018 por la Comisión de Evaluación Ambiental por considerar que no cumplía con los requerimientos ambientales.

Proyectos paralelos
De acuerdo a la información entregada por la coreana-estadounidense Andes Green Energy al SEA, el proyecto consiste en la instalación y operación de una Central Solar Fotovoltaica (CSF), formada por 2.288.000 paneles solares, que en suma entregarán una potencia nominal de 707 MW. Además de una Central de Concentración Solar de Potencia (CCSP) de 300 MW, totalizando 1.007 MW de potencia.

Se estima que la construcción, que tendrá una inversión inicial de US$1.000 millones, tardará 5 años, mientras que la operación estimada es de 30 años, más otros 2 años cierre.

Rechazo del 2018
"Subsanamos todo aquello que considerábamos que había que subsanar, no cambia la estructura del proyecto, es la misma, la inversión y los recursos comprometidos son los mismos. Ahora las mayores diferencias las tenemos con el Servicio de Evaluación Ambiental", explicó el gerente de Sustentabilidad de Andes Green Energy para Sudamérica, Cristian Lincoqueo, sobre la nueva declaración de impacto ambiental presentada al SEA el pasado 27 de septiembre".

Acerca de los argumentos que tuvo la autoridad para rechazar el proyecto en 2018, el ejecutivo dijo que tuvieron inconvenientes con la participación ciudadana, pues "nos quieren obligar a que reconozcamos que tenemos influencia en la área de desarrollo indígena (ADI) de la comunidad de Chiu Chiu y desde el principio hemos dicho que no tenemos relación, ya que ellos desarrollan toda su actividad comercial y turística por la ruta que va a Ayquina, y no por la ruta internacional a San Pedro de Atacama, que está alejada más de 70 kilómetros".

Asimismo, Lincoqueo dijo que "el ministerio de Bienes Nacionales puso a disposición estos terrenos precisamente porque no tienen la condicionante de ser reclamados, lo otro son problemas técnicos, porque el proyecto está en una zona de desierto absoluto".

"Vamos a insistir en nuestra posición, porque nosotros tuvimos una participación ciudadana y en general lo que nos consultaron se subsanó y no fueron elementos complejos, al contrario, fueron temas sumamente sencillos de subsanar y no entendemos", agregó el gerente de la compañía.