Algo más de una semana ha pasado desde que el informe del Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) conmocionó al mundo, advirtiendo que los efectos del calentamiento global ya están aquí y serán irreversibles a menos que la humanidad realice cambios estructurales.

El tema puso sobre la mesa la revisión de los diversos instrumentos a disposición de los estados para desincentivar el uso de tecnologías contaminantes. Una de esas herramientas es la tributaria, a través de la aplicación de mayores impuestos, por ejemplo, a las gasolinas, al carbono y a las actividades contaminantes.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da cuenta que Chile recolectó en 2019 -último año con estadísticas comparables entre países- el equivalente a 1,3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos relacionados al medio ambiente, cifra levemente superior a los 1,2 puntos del Producto que recauda el promedio de América Latina y el Caribe, pero aún lejos de los 2,1 puntos que ingresan en promedio en las 37 naciones del denominado 'club de los países ricos'. Así, Chile se ubica en el octavo lugar del conteo entre 25 países de la región (ver gráfico).

Chile recauda 0,9 puntos del Producto provenientes de la energía (diésel y gasolina), un 0,33% del transporte, 0,07% por gravar las fuentes contaminantes y un 0,04% del PIB desde los recursos naturales, lo que se compara con el 1,5%, 0,5%, 0,08% y 0,03% de la media OCDE, respectivamente.

Un tema de campaña

La incorporación de tributos a las fuentes contaminantes ha sido una de las claves en las propuestas de los presidenciables.

El programa de Gabriel Boric contempla la modificación de la Ley Orgánica Municipal, entregando mayores facultades ambientales y de recaudación, a través de la Ley de Rentas e impuestos verdes para el diseño y ejecución de planes locales de adaptación climática y su fiscalización.

También, apunta a avanzar a un impuesto de 7 UTM por metro cúbico para gasolinas y diésel, 'sin exenciones', desde las 6 UTM para gasolinas y 1,5 UTM para diésel actuales. La propuesta de Paula Narváez contempla nuevos impuestos verdes, cuya recaudación se destinará a un 'Fondo Soberano para la Inversión Social y Productiva', en base a la experiencia noruega. La exvocera de gobierno apunta a aumentar desde US$ 5 por tonelada a US$ 30 por tonelada emitida el impuesto al CO2.

A su vez, busca incorporar a los vehículos comerciales en el impuesto a los medios de transporte contaminantes.

Por su parte, Sebastián Sichel busca aumentar 'paulatinamente' la tributación de los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono a los niveles de la OCDE.

Yasna Provoste impulsa una 'profundización' de los impuestos verdes, aumentando el gravamen a la emisión de carbono y ampliando la base y la tasa del tributo a las fuentes fijas contaminantes, 'y ver su complementariedad con otros impuestos como a los hidrocarburos'. También, propone eliminar el crédito del impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de carga, constructoras, e industrias.