'Prácticamente todos los países con ingresos similares o superiores a los de Chile, tienen leyes de Eficiencia Energética', cuenta el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Ignacio Santelices, destacando el paso relevante que dio el país a inicios de este año cuando se aprobó la primera Ley de Eficiencia Energética de Chile, que promueve el uso racional y eficiente de la energía.

La norma incorpora medidas como el etiquetado energético, la implementación de un sistema de gestión de energía para grandes consumidores y el desarrollo de un Plan Nacional en el área, que permitirán a 2030 reducir la intensidad energética en un 10% o generar un ahorro de US$ 15.200 millones y bajar 28,6 millones de toneladas de CO2, indicó el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, en su publicación. Para Santelices, la ley impulsará a las organizaciones a cumplir estándares mínimos de eficiencia energética, para que ésta sea 'una práctica arraigada' en ellas. Rodrigo Prieto, gerente general de Ultra Pac Sudamérica, enfatiza que esto generará cambios en la forma de operar de las empresas. 'Si bien nuestros procesos utilizan energía eléctrica y gas, nuestro accionar irá por la modernización de equipos y quizás migrar hacia fuentes de energía renovables también en ellos', explica, y agrega que la reutilización de residuos como materia prima permitirá a la industria del plástico bajar el gasto energético de la producción y su huella de carbono.

Mayores exigencias

Si bien sus reglamentos y normas están en elaboración, Evelyn Stevens, gerente de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Chile, cree relevante que la ley no sea percibida como una exigencia, sino como un conjunto de incentivos -con apoyo del Estado- 'para materializar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos en las compañías, fomentando mejoras en la productividad y competitividad y, al mismo tiempo, descontaminación de alcance local y global, contribuyendo al desarrollo sostenible del país'.

Para Elanne Almeida, socia de Consultoría en Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de EY, la ley necesita más instrumentos para documentar sus beneficios e impulsar acciones con mayor fuerza. 'Es una ley sin multas, porque espera poder demostrar a las empresas en base a la evidencia, que el hacer gestión de energía tiene impactos sobre los resultados finales de la empresa, al ser un insumo estratégico', indica. Será clave, dice, tener un reglamento de implementación, que se encuentra en consulta pública, para contar con verificadores con estándares, competencias y la independencia para dar garantía de lo verificado.