Un pobre desempeño ha tenido el impuesto verde en el país, medida que tiene por objetivo reducir las emisiones de CO{-2}, y es que el gravamen que entró en vigencia en 2017 no ha logrado tener un impacto significativo en el sector de la generación eléctrica.

Así las cosas, este indicador que se creó en la reforma tributaria de 2014, se ha mantenido prácticamente estable en los últimos tres años, con emisiones por sobre los 30 millones de toneladas de CO{-2}. Mientras que en términos recaudatorios, la variación tampoco ha sido mucha, moviéndose entre los US$ 170 y US$ 180 millones, que se explica por la fluctuación del tipo de cambio.

'Existe un consenso de que el precio del impuesto de US$ 5 por tonelada es bajo, se trata de un precio de inicio, pero para generar lo que se busca, que es modificar las costumbres, hacer reducciones de emisiones significativas y acelerar la transición energética, debiese estar por lo menos en torno al precio social del carbono que es de US$ 32 por tonelada, según el Ministerio de Desarrollo Social', asegura el abogado socio de Moraga y compañía, Jorge Canals.

No obstante, la implementación de la ley ha generado incluso perjuicios contra empresas que no emiten gases contaminantes, como los son las fuentes renovables, ya que se estableció que todas las empresas que tienen contratos de ventas de energía con clientes deben compensar a las empresas afectas al impuesto. Esto sucede cuando las termoeléctricas, o bien operaron de manera forzada (fuera de orden económico), o bien cuando su costo de operación —incluido el impuesto— es mayor al costo marginal del sistema. De esta manera, hasta un 15% de lo pagado en este tributo ha sido devuelto a las empresas por el sector en su conjunto.

Debido a que las empresas renovables tienen contratos con clientes, han tenido que pagar compensaciones proporcionales a la energía que han vendido a sus clientes finales. De esa forma, según los cálculos de Acera, las compensaciones netas en las que han tenido que incurrir firmas renovables pasaron del 25% al 38% durante 2019, totalizando más de US$ 3 millones.

'No resulta comprensible que las empresas que no emiten gases contaminantes deban ‘compensar' a las centrales que sí los emiten y así ayudarles a pagar el impuesto que están obligados a pagar por concepto de generación contaminante. Hemos planteado permanentemente que el impuesto se debe cambiar para que su monto se incorpore en el costo de generación de cada central que emite gases contaminantes, para que tengan menos posibilidades de ser despachadas, siguiendo la regla de operar al menor costo total posible', sostiene el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat.

En esa línea, el abogado socio de Guerrero y Olivos, Clemente Pérez, apunta a que elevar el tributo podría impulsar aún más el ingreso de fuentes renovables. 'Las termoeléctricas que deban pagar el impuesto tienen que competir con centrales renovables más baratas. No será fácil traspasar a clientes finales estos costos en las licitaciones de las suministradoras, pues la industria de generación hoy es mucho más competitiva que antes', asegura.

El jurista agrega que es la vía correcta avanzar en la estrategia a través del gravamen, y advierte de las consecuencias que podrían tener proyectos como el que se tramita en el Congreso y que apunta a acelerar el cierre de las centrales a carbón. 'Se trata de un proyecto que está bien intencionado, pero que ambientalmente es mucho más peligroso, porque si no hay generación a carbón (cuando sea necesario), la opción va a ser quemar diésel, que es mucho más contaminante, o se corre el riesgo de un blackout, que es peor aún', explica Pérez.

Asimismo, se pone como ejemplo el camino que han desarrollado países europeos, que también contaban con una fuerte participación del carbón en su matriz energética. 'Inglaterra es un caso notable. De ser usuaria intensiva de generación a carbón, hoy en día ha eliminado totalmente ese tipo de generación. También Alemania es un referente al respecto. Y nótese que ninguno de esos países tiene la riqueza que tiene Chile en energías renovables, que si se explotara en su totalidad, podrían suministrar 70 veces la demanda eléctrica actual del país', asegura Finat.