| Pais: Chile |
| Región: Metropolitana de Santiago |
| Fecha: 2020-06-17 |
| Tipo: Prensa Escrita |
| Página(s): C4 |
| Sección: Política |
| Centimetraje: 32x28 |
Pie de Imagen
El subsecretario de la Segpres , Juan José Ossa, al advertir ante el Senado, el pasado jueves, posibles vicios de constitucionalidad en el proyecto de ley.
El Mercurio
Ya rige de forma voluntaria para posponer el pago de luz y agua; la norma añade el gas de red:
Gobierno decide no recurrir al TC por el proyecto de ley para prohibir corte de servicios básicos en la pandemia
No obstante, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, había señalado en el Senado, que la propuesta podría contener 'vicios de constitucionalidad'. Ayer expiró el plazo para ir al Tribunal.
El Ejecutivo optó por no recurrir al Tribunal Constitucional (TC), por el proyecto de ley orientado a prohibir el corte de los servicios básicos de luz, agua y gas de red durante la pandemia del coronavirus.
Esa iniciativa fue impulsada mediante varias mociones de diputados y senadores, las que se tramitaron en paralelo, pero posteriormente se refundieron al llegar a una comisión mixta. Fue en esa instancia donde el Gobierno expresó sus aprensiones respecto de la eventual inconstitucionalidad del texto.
'Guste o no, dependiendo de las distintas cosmovisiones que podamos tener sobre las reglas constitucionales que hoy nos rigen, hay un hecho ineludible: la Constitución Política, para efectos de delimitar el derecho de propiedad, mediante una ley simple o especial, exige necesariamente una compensación. En consecuencia, esa es la razón principal por la cual el Ejecutivo, particularmente a través del ministro de Energía, ha señalado que pueden existir vicios de constitucionalidad', afirmó Ossa el pasado jueves, al intervenir de manera remota en la sesión de la Cámara Alta una vez despachada la iniciativa.
Anteriormente, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, pero luego se informó que aquello fue cuando la iniciativa se encontraba en primer trámite en la Cámara, el 15 de abril, justo al momento de ser despachada al Senado, en donde —se aclaró— el texto adquirió otra fisonomía respecto del artículo que se impugnaría y que ya no era parte de su contenido.
Así se llegó al día de ayer, fecha en la que se cumplía el plazo de cinco días, establecido en el inciso cuarto, artículo 93 de la Constitución Política, para poder recurrir del proyecto por eventual inconstitucionalidad, por parte del Ejecutivo.
El no ir al TC respondió principalmente a tres factores: primero, no existía inadmisibilidad en la presentación y en cuanto a su posible inconstitucionalidad, el Gobierno se hizo de la convicción que se trataba de 'un caso débil' al respecto y de 'resultado incierto'. A esa opinión llegó, por cierto, después de escuchar la opinión de expertos en la materia.
En segundo lugar, pesó el que las empresas del rubro ya están aplicando el beneficio desde el 27 de marzo (al 40% más vulnerable y desde ayer algunas compañías lo ampliaron al 60%) pasado en casi la misma dimensión propuesta en el proyecto de ley (ver tabla), por lo que ir al TC por ese aspecto podría haber sido interpretado como un actuar discordante o erróneo del Ejecutivo; además, de ser así considerado, las mismas compañías podrían ir de inaplicabilidad al TC y no el Gobierno, por lo que así se evita una exposición innecesaria y evitar el cuestionamiento de la oposición en torno a que el Gobierno supuestamente defendería los intereses de las empresas.
A lo anterior se añadiría un tercer punto, el que se consideró como el 'complejo funcionamiento' actual del TC, el que les permitiría anticipar un eventual revés para las pretensiones del Ejecutivo.
La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, comentó anoche que 'fue una decisión compleja, y ante el riesgo de que el TC no fallara en contra, creo que fue mejor no ir'; mientras, desde Evópoli, Hernán Larraín Matte dijo 'respetar la decisión del Gobierno, pero no la compartimos. Para Evópoli, debimos ir al TC'.
De esa manera, el Ejecutivo debería proceder a la promulgación del proyecto despachado por el Congreso; sin embargo, si así lo estimara le queda aún la alternativa de ingresar un veto al Parlamento para intentar suprimir o adicionar contenido, pero esa posibilidad se estima lejos de ser concretada, porque requeriría de apoyo expresado en votos para ser aprobada. E implícitamente se traduciría en reponer incertidumbre y mantener un tema adverso vigente en la agenda pública, por lo que prácticamente eso se daba por descontado.
Se suma a lo anterior el que diputados como Joanna Pérez y la senadora Ximena Rincón (ambas de la DC) han urgido al Ejecutivo para que promulgue ya la iniciativa sin dilaciones. Lo mismo hizo el presidente del PS, Álvaro Elizalde, por lo que lo más probable es que así suceda y el proyecto se convierta en ley en los próximos días.
Esa iniciativa fue impulsada mediante varias mociones de diputados y senadores, las que se tramitaron en paralelo, pero posteriormente se refundieron al llegar a una comisión mixta. Fue en esa instancia donde el Gobierno expresó sus aprensiones respecto de la eventual inconstitucionalidad del texto.
'Guste o no, dependiendo de las distintas cosmovisiones que podamos tener sobre las reglas constitucionales que hoy nos rigen, hay un hecho ineludible: la Constitución Política, para efectos de delimitar el derecho de propiedad, mediante una ley simple o especial, exige necesariamente una compensación. En consecuencia, esa es la razón principal por la cual el Ejecutivo, particularmente a través del ministro de Energía, ha señalado que pueden existir vicios de constitucionalidad', afirmó Ossa el pasado jueves, al intervenir de manera remota en la sesión de la Cámara Alta una vez despachada la iniciativa.
Anteriormente, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, pero luego se informó que aquello fue cuando la iniciativa se encontraba en primer trámite en la Cámara, el 15 de abril, justo al momento de ser despachada al Senado, en donde —se aclaró— el texto adquirió otra fisonomía respecto del artículo que se impugnaría y que ya no era parte de su contenido.
Así se llegó al día de ayer, fecha en la que se cumplía el plazo de cinco días, establecido en el inciso cuarto, artículo 93 de la Constitución Política, para poder recurrir del proyecto por eventual inconstitucionalidad, por parte del Ejecutivo.
El no ir al TC respondió principalmente a tres factores: primero, no existía inadmisibilidad en la presentación y en cuanto a su posible inconstitucionalidad, el Gobierno se hizo de la convicción que se trataba de 'un caso débil' al respecto y de 'resultado incierto'. A esa opinión llegó, por cierto, después de escuchar la opinión de expertos en la materia.
En segundo lugar, pesó el que las empresas del rubro ya están aplicando el beneficio desde el 27 de marzo (al 40% más vulnerable y desde ayer algunas compañías lo ampliaron al 60%) pasado en casi la misma dimensión propuesta en el proyecto de ley (ver tabla), por lo que ir al TC por ese aspecto podría haber sido interpretado como un actuar discordante o erróneo del Ejecutivo; además, de ser así considerado, las mismas compañías podrían ir de inaplicabilidad al TC y no el Gobierno, por lo que así se evita una exposición innecesaria y evitar el cuestionamiento de la oposición en torno a que el Gobierno supuestamente defendería los intereses de las empresas.
A lo anterior se añadiría un tercer punto, el que se consideró como el 'complejo funcionamiento' actual del TC, el que les permitiría anticipar un eventual revés para las pretensiones del Ejecutivo.
La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, comentó anoche que 'fue una decisión compleja, y ante el riesgo de que el TC no fallara en contra, creo que fue mejor no ir'; mientras, desde Evópoli, Hernán Larraín Matte dijo 'respetar la decisión del Gobierno, pero no la compartimos. Para Evópoli, debimos ir al TC'.
De esa manera, el Ejecutivo debería proceder a la promulgación del proyecto despachado por el Congreso; sin embargo, si así lo estimara le queda aún la alternativa de ingresar un veto al Parlamento para intentar suprimir o adicionar contenido, pero esa posibilidad se estima lejos de ser concretada, porque requeriría de apoyo expresado en votos para ser aprobada. E implícitamente se traduciría en reponer incertidumbre y mantener un tema adverso vigente en la agenda pública, por lo que prácticamente eso se daba por descontado.
Se suma a lo anterior el que diputados como Joanna Pérez y la senadora Ximena Rincón (ambas de la DC) han urgido al Ejecutivo para que promulgue ya la iniciativa sin dilaciones. Lo mismo hizo el presidente del PS, Álvaro Elizalde, por lo que lo más probable es que así suceda y el proyecto se convierta en ley en los próximos días.
Recuadro
Cámara crea comisión investigadora por alza en las cuentas de la luz
Luego de que hace unas semanas se conocieran denuncias de clientes por supuestas alzas excesivas en sus cuentas de la luz, las cuales desde el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) han señalado que se están monitoreando en los últimos días, ayer, un grupo de 76 diputados impulsó la creación de una comisión especial investigadora al respecto.
La idea, según se plantea en el texto enviado al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, busca indagar en los 'actos del Gobierno, en especial en la SEC y el Ministerio de Energía, relacionados con el alza en las cuentas de la luz registradas en este período de pandemia que enfrenta el país, determine las responsabilidades involucradas y recabe información', citando para ello al titular de Energía, Juan Carlos Jobet; al superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, y a quien la comisión estime pertinente.
La iniciativa fue finalmente respaldada con el voto favorable de 105 diputados; entre ellos, el apoyo de 21 RN, 7 UDI y 3 de Evópoli. Además, hubo 15 en contra y otras 20 abstenciones.
En el oficialismo, de hecho, la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez había sido una de las firmantes del texto al presidente de la corporación; no obstante, finalmente se abstuvo al momento de la votación de la creación de la instancia fiscalizadora.
La comisión constituida deberá, así, rendir un informe en un plazo no mayor a los 90 días.
Aguas Andinas
La empresa Aguas Andinas, por su parte, informó ayer que desde el inicio de la pandemia 'no ha cortado el suministro a ningún usuario que, por su situación económica, no pueda hacer frente al pago del servicio. En la actualidad, 190 mil clientes, es decir, alrededor de 600 mil personas, mantienen postergado el pago de sus cuentas hasta después del estado de emergencia'. Además, aseguró que el 'compromiso adquirido por Aguas Andinas es que nadie de la Región Metropolitana se va a quedar sin agua potable por no contar con recursos económicos suficientes hasta el final de la pandemia'.
Principales aspectos de cada propuesta
Proyecto de ley despachado por el Congreso (11 de junio 2020)
Acuerdo Gobierno-empresas (27 de marzo 2020)
¿Aplica al no corte de agua, luz y gas de red en caso de cuentas en mora?
Si
Considera luz y agua en consuno inferior al 10m3.
¿Por cuánto tiempo?
180 días (90 días una vez aprobada la ley y desde el 18 de marzo pasado).
180 días durante la vigencia del estado de catástrofe, los que suman 2 a la fecha de 90 días cada uno. Se acordó el 27 de marzo pasado.
¿Hay requisitos para el no corte?
En ese aspecto la propuesta despachada es de "carácter universal", según sus autores, lo que se refleja además en su articulado.
Pertenecer al 40%* de hogares más vulnerables o estar en imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o personas que han perdido sus empleos.
¿Para acceder al prorrateo en 12 cuotas de las cuentas se deben cumplir con ciertos criterios?
Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad o ser adulto mayor, entre otras.
Adicionalmente, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes hasta el monto de 10 UF para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y hasta el monto de 5 UF para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.
Los saldos impagos que de luz y agua podrán ser prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del estado de catástrofe, sin multas ni intereses. Además, los "clientes con deudas (de luz) acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término del estado de catástrofe".
¿Incide el no corte de suministros en el proceso tarifarlo futuro?
"Los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifarlo alguno relacionado con los servicios básicos'.
¿Se consideran las telecomunicaciones"
Se aprobó un plan solidario, el que incorpora los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet.
Se acordó un plan solidario de conectividad gratuito durante 60 días para clientes actuales pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables. "Permite navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos, acceder a los sitios oficiales relacionados con el Coronavirus y a la página aprendoenlínea.mineduc.cl y a otros servicios".
"Esval, Essbio, Sama y Chilquinta informaron ayer la ampliación del beneficio al 60%. Fuente Proyecto de ley/web Minenergía
Luego de que hace unas semanas se conocieran denuncias de clientes por supuestas alzas excesivas en sus cuentas de la luz, las cuales desde el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) han señalado que se están monitoreando en los últimos días, ayer, un grupo de 76 diputados impulsó la creación de una comisión especial investigadora al respecto.
La idea, según se plantea en el texto enviado al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, busca indagar en los 'actos del Gobierno, en especial en la SEC y el Ministerio de Energía, relacionados con el alza en las cuentas de la luz registradas en este período de pandemia que enfrenta el país, determine las responsabilidades involucradas y recabe información', citando para ello al titular de Energía, Juan Carlos Jobet; al superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, y a quien la comisión estime pertinente.
La iniciativa fue finalmente respaldada con el voto favorable de 105 diputados; entre ellos, el apoyo de 21 RN, 7 UDI y 3 de Evópoli. Además, hubo 15 en contra y otras 20 abstenciones.
En el oficialismo, de hecho, la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez había sido una de las firmantes del texto al presidente de la corporación; no obstante, finalmente se abstuvo al momento de la votación de la creación de la instancia fiscalizadora.
La comisión constituida deberá, así, rendir un informe en un plazo no mayor a los 90 días.
Aguas Andinas
La empresa Aguas Andinas, por su parte, informó ayer que desde el inicio de la pandemia 'no ha cortado el suministro a ningún usuario que, por su situación económica, no pueda hacer frente al pago del servicio. En la actualidad, 190 mil clientes, es decir, alrededor de 600 mil personas, mantienen postergado el pago de sus cuentas hasta después del estado de emergencia'. Además, aseguró que el 'compromiso adquirido por Aguas Andinas es que nadie de la Región Metropolitana se va a quedar sin agua potable por no contar con recursos económicos suficientes hasta el final de la pandemia'.
Principales aspectos de cada propuesta
Proyecto de ley despachado por el Congreso (11 de junio 2020)
Acuerdo Gobierno-empresas (27 de marzo 2020)
¿Aplica al no corte de agua, luz y gas de red en caso de cuentas en mora?
Si
Considera luz y agua en consuno inferior al 10m3.
¿Por cuánto tiempo?
180 días (90 días una vez aprobada la ley y desde el 18 de marzo pasado).
180 días durante la vigencia del estado de catástrofe, los que suman 2 a la fecha de 90 días cada uno. Se acordó el 27 de marzo pasado.
¿Hay requisitos para el no corte?
En ese aspecto la propuesta despachada es de "carácter universal", según sus autores, lo que se refleja además en su articulado.
Pertenecer al 40%* de hogares más vulnerables o estar en imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o personas que han perdido sus empleos.
¿Para acceder al prorrateo en 12 cuotas de las cuentas se deben cumplir con ciertos criterios?
Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad o ser adulto mayor, entre otras.
Adicionalmente, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes hasta el monto de 10 UF para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y hasta el monto de 5 UF para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.
Los saldos impagos que de luz y agua podrán ser prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del estado de catástrofe, sin multas ni intereses. Además, los "clientes con deudas (de luz) acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término del estado de catástrofe".
¿Incide el no corte de suministros en el proceso tarifarlo futuro?
"Los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifarlo alguno relacionado con los servicios básicos'.
¿Se consideran las telecomunicaciones"
Se aprobó un plan solidario, el que incorpora los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet.
Se acordó un plan solidario de conectividad gratuito durante 60 días para clientes actuales pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables. "Permite navegar por internet, usar redes sociales, contestar correos, acceder a los sitios oficiales relacionados con el Coronavirus y a la página aprendoenlínea.mineduc.cl y a otros servicios".
"Esval, Essbio, Sama y Chilquinta informaron ayer la ampliación del beneficio al 60%. Fuente Proyecto de ley/web Minenergía
Pie de pagina
R. FRANCO, A. HAMILTON y E. MONRROY-
Enviar por correo
Generar pdf
Selecciona el contenido a incluir en el pdfTexto de la nota
Imagen de la nota
