La nueva ley llamada coloquialmente 'antiportonazo' representa un avance en materia de investigación para que las víctimas de estos repudiables delitos puedan ejercer sus derechos de mejor manera y que, correctamente asesoradas, presenten ante los tribunales las acciones necesarias para obtener la recuperación del vehículo, de sus bienes y eventualmente una indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

También hay un avance en las penas que se establecen y seguramente la normativa va colaborar en que las investigaciones que lleve la Fiscalía por este tipo de ilícitos tengan un mejor resultado en relación con las condenas que se puedan obtener. Esto facilitará que las víctimas, siempre debidamente asesoradas, puedan obtener una condena del agresor que sea cárcel o presidio efectivo, ya que se aumenta la penalidad a presidio mayor en su grado mínimo o en su grado medio, si existe reiteración o concurre una circunstancia agravante de responsabilidad. Se trata de penas de más de cinco años y un día o superiores, lo que impide que se pueda acceder a penas sustitutivas, en que la condena se cumple en el medio libre.Pese a este avance, creemos que en la sociedad se genera una sensación de desprotección o disconformidad no sólo con los delitos violentos, sino que con otros que generan alta conmoción social. Me refiero a los delitos económicos o de corrupción, en que sería interesante modificar o reformar el sistema de penas y que no sólo se les sancione con penas de cárcel, sino que también con penas pecuniarias o con el comiso de bienes que funcione rápida y severamente, por ejemplo, respecto de los bienes que sean instrumentos o efectos del delito de corrupción o fraude por ejemplo. La adecuada y pronta recuperación de activos ilegítimamente obtenidos, es una deuda pendiente, por lo que es necesario avanzar en este ámbito.Debemos evitar que la gente dude y desconfíe del sistema, si a los delincuentes en casos como los citados no se les impone una sanción rigurosa, la que puede ir más allá de la mera privación de libertad.

Pero, amén de estas modificaciones, consideramos imprescindible una reforma integral al Código Penal, que data del año 1874, más que leyes puntuales que vayan parchando o modificando parcialmente ese Código. Sabemos que modificar un Código Penal es difícil, ya que hay ciertos delitos que producen opiniones diferentes en la sociedad y hay visiones radicalmente diferentes para un mismo caso. Sin embargo, confiamos en que el último proyecto de ley enviado al Congreso pueda debatirse prontamente y se logre un nuevo Código Penal para Chile. Uno que refleje las distintas sensibilidades que hay en una democracia representativa.