Si los parlamentarios tuvieran especialidades, como los médicos, la del senador Felipe Harboe (PPD) sería seguridad ciudadana. Durante cuatro años fue subsecretario de Carabineros (en el gobierno de Ricardo Lagos) y luego subsecretario del Interior por otros tres años, cargo en el que le tocó trabajar con cuatro ministros de esa cartera. Después, ya en la Cámara de Diputados, integró las comisiones de Constitución y Seguridad. Lo mismo ocurrió cuando llegó al Senado, donde incluso presidió la comisión de Constitución, Legislación y Justicia entre 2015 y 2018. Ahora, Harboe prepara su respaldo en la sala a la Ley Corta Antiterrorista que presentó el Gobierno. Un voto favorable que ya concretó antes en la comisión de Constitución. Sin embargo, el parlamentario tiene también un análisis crítico de lo que ha sido la gestión del Estado ante los últimos casos de 'cartas bomba'.

—¿Cuánto cree que ha afectado en la opinión pública el atentado ocurrido la semana pasada en la comisaría de Huechuraba y el intento de ataque al exministro Rodrigo Hinzpeter?

—Más allá de cuál sea la naturaleza del grupo, creo que efectivamente Chile está hoy sometido a una situación que no vivíamos hace tiempo, porque a diferencia de lo que ocurrió hace unos años atrás, estamos frente a grupos que lo que buscan es asesinar personas. Ya no es solo atacar, causar temor, representarse la posibilidad de crear daño, sino que ahora evidentemente van con blancos dirigidos. Eso es extremadamente delicado y exige que el sistema de inteligencia y seguridad esté a la altura. Y lamentablemente en este momento no lo ha estado.

—Ha habido cuestionamientos a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), pero también, dentro de la oposición, ha habido una autocrítica que apunta a una suerte de 'trauma' post gobierno militar que ha impedido avanzar en mayores facultades para enfrentar a estos grupos.

—Yo he planteado esa tesis. Los hechos han demostrado la necesidad de terminar con los traumas del pasado y que no es adecuado que la inteligencia se radique exclusivamente en las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas. Porque como hemos visto, el Gobierno no se enteró ni del fraude en Carabineros ni del Ejército, ni del caso Huracán por problemas de inteligencia. Y eso es un tremendo dilema, porque hacen cometer errores a los presidentes de la República. Entonces, en temas prácticos, lo que se requiere es que Chile, de una vez por todas, tenga un sistema de inteligencia que permita entregar información adecuada. Hoy eso no existe, lamentablemente, producto de varios factores.

—¿Cuáles factores?

—Uno, diría yo, porque la crisis en Carabineros impulsó a que el general Hermes Soto, en su oportunidad, desarticulara la Dipolcar por lo ocurrido en el caso Huracán. Y en el caso de la ANI, lamentablemente, cuando asumió el nuevo director sacaron a un conjunto de analistas que llevaban ocho o diez años trabajando allí. Hoy día no hay capacidades instaladas históricas que abordaban a grupos anarquistas y de violencia política. La gran virtud que tienen las agencias de inteligencia internacionales es que no dependen del sesgo político y por tanto, los analistas llevan muchos años de experiencia.

—¿Cómo avanzar en la modificación de la estructura y cumplir con la modernización de las policías?

—El proceso de reforma policial requiere de una estructura de seguimiento especializada y con mando y eso hoy no se ve en Interior. Si no se corrige, se corre el riesgo de hacer fracasar el acuerdo nacional de seguridad. 'No es lo mismo perseguir un portonazo que terrorismo en la era digital'

—Usted fue subsecretario del Interior, ¿qué cree que falta fortalecer en temas de inteligencia?

—En primer lugar, falta entender que la inteligencia en tiempos digitales es una inteligencia nueva y especializada. Segundo, entender que es un tema de Estado y no de Gobierno. Entonces, crear una agencia de inteligencia con capacidades especialistas, que esté ajena a los ciclos políticos, que tenga personal calificado orientado a resultados, con facultades operativas. Que no dependan, necesaria y exclusivamente, de lo que les informan los policías y las FF.AA. Que tenga agentes propios, obviamente con control jurisdiccional como corresponde. Se requiere un sistema de fiscales especializados para perseguir penalmente. No es lo mismo perseguir un portonazo que terrorismo en la era digital. Y respecto de las policías, quizás sea bueno, dados los fracasos en esta materia, que el Presidente pida ayuda internacional a agencias especializadas de inteligencia que han tenido buenos resultados. Por ejemplo, la española, que logró derrotar y desarticular definitivamente a grupos terroristas de ETA.

—Parte importante del caso español ocurrió con un gobierno socialista, el de Felipe González.

—Lo que pasa es que la izquierda debe terminar con los complejos en estas materias. El terrorismo no distingue color político, no distingue etnias ni religión. Por lo tanto, lo que corresponde es entender que la defensa a la democracia y la libertad, y la mantención de la paz, implican adoptar medidas de seguridad que sean compatibles con el respeto de los derechos fundamentales. Felipe González, en España, logró hacerlo. No estuvo exento de problemas. Pero evidentemente, cuando España logra, hace dos años atrás, la desarticulación completa de la banda terrorista ETA, es un triunfo de la democracia.

—¿Cree que al primer gobierno de Michelle Bachelet, del cual usted participó, le faltó algo respecto de esta materia?

—Creo que evidentemente la reforma a la Ley Antiterrorista era un desafío, pero no había piso político para hacerlo. Las reformas al sistema de inteligencia también, pero en su oportunidad la derecha dijo que por ningún motivo. Entonces, al final del día, este bipartidismo significaba en materia de inteligencia y terrorismo una inmovilidad bastante inadecuada. Pero también debo reconocer que gracias a listas de inteligencia logramos desarticular al menos tres potenciales atentados que estaban preparándose en nuestro país.

—¿Se puede saber hoy de qué se trataban? —No. Había algunos que iban destinados a blancos políticos y otros destinados a otro tipo de personalidades. 'Rediscutir o rediseñar el comité político' —Esta semana se supo que desde Chile Vamos le pidieron al Gobierno postergar las reformas institucionales que anunció el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública y que encargó al ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Qué le parece esa posibilidad?

—Si el Gobierno cede ante la presión de los partidos de Chile Vamos, quiere decir que es un gobierno que ha perdido el timón. Las reformas institucionales son condición sine qua non para que Chile vuelva a tener buena gobernanza y emprenda un camino de verdad hacia el desarrollo. Chile tiene hoy día una crisis institucional donde tenemos niveles de conflictividad entre las principales instituciones o funciones públicas. Entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, entre la Corte Suprema y la Contraloría, entre Contraloría y el Gobierno. En consecuencia, se requiere de un conjunto de modificaciones. No es posible que el Estado de Chile sea hoy el principal lomo de toro para el desarrollo de las inversiones. No es aceptable que los proyectos de inversión tengan que esperar cuatro, cinco, seis o siete años para poder llevarse a cabo.

—El ministro Chadwick se reunió para estas reformas con distintas autoridades y sectores políticos. ¿Cómo lo ha visto en su rol?

—Necesitamos un jefe de gabinete distinto del ministro de Seguridad. Lo digo porque hoy gran parte de la agenda del ministro del Interior está enfocada en temas de seguridad y no está dando resultados. El problema es que estas otras reformas, que son extremadamente relevantes para el desarrollo del país, están quedando de lado. Si no se enfrentan las reformas institucionales y no se clavan las banderas de un inicio de un proceso de reformas profundas, mi percepción es que el legado de este gobierno va a ser una crisis institucional que va a tener que soportar el próximo Presidente o Presidenta.

—¿Cómo ve al ministro Chadwick en su función?

—Creo que efectivamente el caso Catrillanca lo golpeó muy fuerte y poco a poco ha ido logrando recuperar la articulación política. Pero cuando hay un Presidente que está metido en cada uno de los elementos del gobierno, muchas veces se genera una expectación en la capacidad de ejecución de sus ministros.

—¿Cree que frenar las reformas institucionales puede afectar el rol del ministro del Interior?

—Si el Presidente frena las reformas institucionales, sería un golpe muy fuerte al encargo que le hizo al ministro del Interior. Ahora, a mí lo que me preocupa, más que lo que le pase al ministro Chadwick, es el país. Tenemos un problema serio desde el punto de vista del crecimiento, un problema muy grave desde el punto de vista de las confianzas públicas, y que si no se abordan, como tienen que abordarse, con un conjunto de reformas institucionales y estructurales, la crisis institucional puede agravarse en los próximos años. En cuanto a Interior, hoy lo que se observa es a un subsecretario más dedicado al tema de migraciones y a operativos de seguridad, a un ministro del Interior preocupado de los temas de seguridad también, y probablemente, el rol de jefe de gabinete del ministro del Interior no se está llevando a cabo de buena forma. Esto porque probablemente la parte de la agenda la está consumiendo el tema de la seguridad.

—¿En ese plano, por dónde cree que debe pasar la solución?

—Creo que se requiere hacer unas reformas, por ejemplo, en rediscutir o rediseñar el comité político. Uno perfectamente podría eliminar el Ministerio Secretaría General de Gobierno y poner a un vocero que dependa del segundo piso, entregarle todas las facultades de la Segpres al ministro del Interior, que a la vez es jefe de gabinete, y crear un Ministerio de Seguridad Pública distinto, separado.