Señor Director:

En el editorial publicado el lunes sobre los recursos por alzas de planes de isapres, se señala que "ha florecido una industria legal especializada en estos litigios", que mueve actualmente unos 12 mil millones de pesos al año en costas judiciales.

En efecto, tal como el diario lo señala, esta situación representa una gran ineficiencia para el sector. Una fuente de inequidad respecto de la distribución de los recursos para salud y un alto costo de administración de justicia.

Desde el año 2010, los montos que las isapres han debido destinar a financiar costas judiciales suman aproximadamente 130 millones de dólares, las que claramente se mueven por el estímulo económico que dichas costas judiciales representan para los abogados litigantes. Los valores de las costas han sido variables en el tiempo y son diferentes entre las distintas cortes. Así, hay tribunales que condenan a costas de $50 mil y en otros, pueden alcanzar hasta $500 mil por caso.

Consecuentemente con esas enormes diferencias, los litigantes se mueven hacia aquellos tribunales que fijan costas más altas, dejando en evidencia el interés económico de los que persiguen este mercado. Hay oficinas que hacen publicidad e, incluso, ofrecen públicamente pagos a los clientes que les entregan sus casos.

De esta forma, la solución de este problema, como se propone en el editorial, no solo está en manos del Gobierno, el que puede transparentar el fenómeno universal de incremento de los costos en salud, sino también en los propios tribunales de justicia, en la medida que reconozcan este fenómeno, consideren y evalúen los argumentos objetivos que en ese sentido las isapres plantean en cada oportunidad. En cualquier caso, me pregunto ¿cuántos abogados demandarían a las isapres si se morigerara el estímulo económico que generan las altas costas judiciales?