Señor Director:

Sus últimos editoriales han estado dedicados a dos temas que cruzan el escenario de judicialización de la salud y que, sin lugar a dudas, marcarán los desafíos y la agenda sanitaria del gobierno que inicia su gestión este domingo.

El primer asunto es la incertidumbre jurídica que hoy envuelve al mecanismo de adecuación de los precios de las isapres, tanto en relación con el aumento de costos anuales y su traspaso al afiliado, como el riesgo asociado a la edad y sexo de las personas. Variables que conforman los pilares de la ecuación de los precios y que están transversalmente cuestionados a través del actuar de los tribunales de justicia.

El segundo tema es el incumplimiento en la evaluación de impacto y déficit en la metodología de cálculo de los costos asociados al GES, el cual está basado en un Estudio de Verificación de Costos que adolece de deficiencias metodológicas, dificultad de obtener datos desagregados del sector público y, lo que es más grave aún, una total incongruencia entre los objetivos que marcaron su génesis versus el resultado.

Como sabemos, el GES ya se ha judicializado en el pasado, y el rol que ha cumplido el estudio de costos como argumento de la corte nos obliga a estar atentos a contar con la mejor herramienta y una revisión profunda a la metodología del informe en cuestión.

Mención aparte merece la industria de abogados, que aprovechando este espacio de incerteza ha logrado millonarias ganancias. El Poder Judicial ha recargado su trabajo y, prácticamente, ante la falta de reformas, está colegislando.

Será tarea ineludible y prioritaria de las nuevas autoridades asumir estas distorsiones y tratar de eliminarlas, basándose en respaldos técnicos que deben ser incuestionables.