Para la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), el anuncio del Gobierno sobre el Pago Oportuno a las empresas proveedoras de bienes y servicios por parte de sus pares compradoras no fue una buena noticia.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo beneficia principalmente a las pymes, ya que se traduce en una serie de indicaciones al proyecto de ley que fija normas especiales en materia de plazos y procedimientos de pagos a las empresas, dentro de las que destaca la fijación en 60 días del plazo máximo de pago, sin intereses, o menos si hay acuerdo entre las partes.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara, y se hace extensiva a empresas privadas y públicas y a organismos dependientes del gobierno central, como ministerios, intendencias y servicios.

Esto entrará en vigencia cuatro meses después de publicada la ley en el Diario Oficial.

Sin embargo, por ahora se excluyó a las instituciones como los servicios de salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y las municipalidades, para las que la legislación regirá recién 36 meses después de publicada la ley.

Sobre estas instituciones, según la última publicación del 'Ranking de Pagadores del Estado', realizado por Hermann Consultores en base a datos de reclamos de ChileCompra, las municipalidades concentran el 78% de las quejas, seguidas de los hospitales, con 16% de los reclamos.

Cuestionamientos

Christian Hänel, presidente de la APIS, señaló que el proyecto anunciado por el Gobierno discrimina abiertamente a las pequeñas y medianas empresas que abastecen el sistema de salud público. 'Queda de manifiesto que el sector no está dentro de las prioridades de pago del Estado', indicó.

De esta manera, afirmó que es lamentable que la situación fiscal impida aplicar la normativa a salud y municipios. 'El proyecto anunciado perjudica injustamente a los proveedores de los peores pagadores del Estado, donde el tiempo de pago se quintuplica comparativamente con los 30 y 60 días que establece el proyecto para el pago a las pymes en el sector público y privado', dijo Hänel.

Así, hizo un llamado al Ejecutivo a 'al menos ser considerados' y que no se les excluya, ya que sería un avance real si efectivamente se cumple y un alivio financiero para el sector.

Por otro lado, el líder del gremio señaló que es esencial que el sistema de salud se entregue a expertos en gestión y que se necesita transparentar los gastos reales de la industria, en particular en los hospitales.

'La propia Contraloría afirma que hay irregularidades en la gestión hospitalaria y que han escondido su deuda real, por lo que es ingenuo pensar que las cifras que se informan son correctas. No hay certeza ni credibilidad en el gasto en salud', aseguró.