Hasta el 10 de febrero pasado, la relación de los laboratorios Andrómaco, Recalcine y Bayer con Daniel Jadue era nula. Sin embargo, esa mañana, el alcalde de Recoleta los trató de “mafia” y los acusó de generar un “boicot a un proyecto que por primera vez logra bajar los valores de los medicamentos y ponerlos a precios justos”. En la tarde acusó a Andrómaco de ofrecer en algunas cotizaciones precios incluso 5% más altos que las grandes cadenas farmacéuticas.

El aludido no se hizo esperar. Ese mismo día envió una declaración pública, donde aseguraba que en ningún caso se han ofrecido medicamentos a un precio superior a los entregados a las farmacias de cadena o tradicionales. En Recalcine, en tanto, se pusieron en contacto con Marco Fernández, gerente general de la farmacia popular de Recoleta, para explicarle que ellos aún no les cotizaban porque se habían entrampado en cuestiones formales. Bayer, únicamente había recibido un mail de contacto desde el municipio.

Hoy, no sólo los mayores laboratorios que operan en Chile han iniciado conversaciones con las farmacias populares que les han pedido cotizaciones, sino que algunos incluso ya les han entregado medicamentos.

Lo que partió con críticas cruzadas a la propuesta de un alcalde comunista, se convirtió en una mina de oro para los ediles en un año de elecciones. Ya son más de 50 los municipios que han anunciado que abrirán sus propias farmacias en este primer semestre, ya sea bajo el nombre de “popular”, “comunitaria”, “vecinal” o “solidaria”.

Eso sí, los precios ofrecidos no están ni cerca del 90% de descuento que se especuló cuando fue inaugurada la primera farmacia popular del país, el pasado 15 de octubre, en Recoleta.

La pionera

Una sala de no más de 16 metros cuadrados, cuatro estantes con remedios. Un escritorio y un computador. Es todo lo que hay en la farmacia popular Ricardo Silva Soto, ubicada en las afueras del edificio de la Municipalidad de Recoleta. Gran parte de los medicamentos que se exhiben son bioequivalentes. Otra parte corresponde al petitorio mínimo que exige el Instituto de Salud Pública a cualquier farmacia para operar. Pero esos remedios ni siquiera tienen precio. Están ahí sólo para cumplir con la normativa. Son básicamente utilería.

“Los que están con elástico son los que entregamos”, aclara el gerente del lugar. “Para tratamientos crónicos y de mediano plazo, por eso, no entregamos el ibuprofeno, por ejemplo. Está acá solo porque el ISP así lo exige”, explica.

A las 12:30 de un viernes de febrero hay cuatro personas esperando ser atendidas en la farmacia. La químico farmacéutica les explica que la inscripción para acceder a los remedios se hace en el piso -1, que deben llevar la receta, carnet y ficha de protección social. Y que sólo una vez que sus medicamentos lleguen a la farmacia, se les contactará para que los retiren.

En cuatro meses de funcionamiento se han inscrito 2.500 personas y se han entregado 260 remedios, de los cuales 170 corresponden a entregas de laboratorios, 40 de Cenabast y 50 a importaciones.

Todo partió un año y ocho meses antes, cuando el alcalde Daniel Jadue (PC) se propuso interpretar y reinterpretar las leyes que regulan la venta de medicamentos. “Cuando preguntamos si se podían vender medicamentos a precio justo, el director jurídico y el director de control nos dijeron: ‘No, porque las municipalidades no pueden hacer acto de comercio’”, explica.

Jadue, entonces, estableció que la farmacia popular no fijaría precios, porque no tendría utilidad, y no haría compraventa, porque actuaría de intermediador –al igual que lo hace en la basura o la limpieza de las fosas rurales–, por lo tanto, no incurría en un acto de comercio.

El modelo ha sido replicado en la Región Metropolitana por los municipios de San Ramón y Huechuraba, además de Rengo y Viña del Mar –el primero de un alcalde de oposición– que abrió en enero una farmacia de este tipo para los usuarios de Fonasa. Talagante, Macul, Puente Alto, Quilicura, La Reina, San Bernardo, Providencia, Quinta Normal, San Joaquín, Independencia, Santiago y La Granja han ingresado solicitudes formales al Instituto de Salud Pública (ISP), y otros 30 municipios están en la fila.

La cura

La primera y más efectiva vía de conseguir precios baratos es a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que sólo en 2015 intermedió 225 mil millones de pesos en medicamentos de los 431 mil millones de pesos que compró el sector público ese año.

A través de una gran licitación al año, el órgano estatal puede conseguir descuentos de hasta 90% para abastecer a hospitales y consultorios.

Dado que las licitaciones tienen siempre un margen de 30% mayor a la demanda del sector público, explica Pablo Venegas, director de la Cenabast, se ha podido abastecer a las farmacias populares de medicamentos a precios muy bajos, sin desabastecer a los hospitales y la atención primaria.

Sin embargo, tan sólo uno de cada diez medicamentos que ofrecen estas nuevas boticas puede obtenerse por esta vía, ya que la canasta de la Cenabast contempla alrededor de 1.600 medicamentos de los casi 18 mil que están registrados en el ISP. De ellos, unos 540 están en formato farmacia, es decir, en cajas pequeñas, y los otros mil, al estar envasados al por mayor, no pueden ser distribuidos en las farmacias populares.

“Hoy estamos aprobando la sala de fraccionamiento, donde puedes fragmentar los remedios por unidad –y entregarlos según la necesidad del paciente– según procedimientos de calidad. Éste es un salto importante”, dice Jadue, y agrega que el ISP ya lo autorizó y que comenzaría a operar en la primera quincena de marzo.

Para poder suplir la creciente demanda de las farmacias populares –donde sólo pueden acceder aquellas comunas que no tengan deudas con la estatal–, la Cenabast estructurará este año dos grandes licitaciones, donde el precio lo fija la demanda y, por ende, a no todos los laboratorios les interesa participar. En todo caso, según estimaciones del órgano estatal, sumando la demanda de más de 50 municipios, el volumen de estos medicamentos no superaría el 3% de compras que hace la central.

Así, literalmente, no queda más remedio: el 90% restante de medicamentos debe obtenerse a través de compras a laboratorios. Por ley, éstos deben publicar sus listas de precios y las condiciones para los descuentos, ya sea por volumen, pronto pago (pago en menos de 60 días), inclusión de nuevos productos o adquisición de un mix completo de la misma marca.

Sin aplicar los descuentos, el precio al detalle podría llegar a ser hasta 40% más barato de lo que venden las grandes cadenas farmacéuticas, señalan en la industria. Eso en el mejor de los casos, considerando que las farmacias populares, aparte de no marginar, tienen costos de operación más bajos.

Pero en muchos casos la demanda es tan pequeña –en Recoleta viven 167 mil personas, 11% de ellas son pobres, y a la fecha se han entregado tan sólo 170 medicamentos por esta vía– que los precios pueden ser iguales a los de las grandes cadenas, que pueden negociar mejores condiciones por mayor volumen.

“A la farmacia popular hay que tratarla como a cualquier otro cliente”, advierte un gerente de laboratorio.

Lo que temen en la industria es que las municipalidades terminen subsidiando los precios debido a las elecciones municipales de octubre. “Éstas son medidas populistas que no resuelven el problema de fondo, que es la poca cobertura que tienen los medicamentos”, dice Juan Pablo Morales, de la ONG Políticas Farmacéuticas.

En Chile, el precio promedio de un medicamento genérico es de 0,9 dólar por unidad comercial. Si se incluyen además los genéricos de marca y los productos innovadores, el promedio es de 5,8 dólares, en la media de los demás países de Sudamérica. Brasil y México tienen precios más altos; Colombia y Argentina, similares a Chile. “Chile se arranca en los de marca e innovadores”, explica Morales.

En Estados Unidos, Europa y Japón, el valor promedio por unidad comercial es mayor. Sin embargo, el precio final a pagar es superior en Chile, ya que los medicamentos ambulatorios no tienen cobertura por los seguros de salud. Esto hace que después de México, Chile sea el país con mayor gasto de bolsillo por medicamento

Poder de compra

En los laboratorios se quejan de falta de diálogo con los municipios. “Valoramos los esfuerzos que están haciendo las municipalidades para asociarse en este tema, pero también creemos que debe existir una comunicación que nos permita mejorar el actual sistema, donde cada municipio ha adoptado distintas formas de funcionamiento. Es fundamental que exista una estandarización del actual proceso de adquisición de medicamentos y una mejor estimación de la demanda”, asegura José Luis Cárdenas, presidente de Prolmed, la asociación de laboratorios que reúne a los productores locales Andrómaco, Bagó, Recalcine, Saval y Laboratorios Chile.

En ese sentido, la creación de una Asociación Chilena de Farmacias Populares, que comenzará a operar en este mes, va en la vía correcta, advierte.

Constituida en diciembre, la asociación liderada por el alcalde de Recoleta pretende no sólo generar mayor poder de compra, sino también importar directamente cualquier medicamento. Para eso está analizando la opción de un convenio con DHL para traer los remedios en dos días. “Dependiendo del medicamento y la urgencia, hay casos en los que vale la pena el cobro extra del courier”, explica Jadue.

Y es que una tercera vía para adquirir medicamentos es a través de una importación directa. Amparados en el artículo 99 del Código Sanitario, los municipios podrían intermediar la compra de remedios en el extranjero para uso personal de sus vecinos, siempre y cuando se trate de situaciones de urgencia producto de desabastecimiento o inaccesibilidad.

Sin embargo, si se quiere importar en volúmenes mayores y para la venta, tales medicamentos deberían ser registrados en el ISP, explica el consultor farmacéutico Patricio Huenchuñir. “Sin registro sanitario, ese medicamento puede ser considerado un producto falsificado o ilegal. Alguien se debe hacer cargo de la calidad, seguridad y eficacia del remedio, y eso se consigue a través de registro sanitario”.

Realizar un registro cuesta dinero, agrega, hay que presentar un dosier y ese proceso para obtener el permiso demora entre seis meses y un año, y tiene una vigencia de cinco años.

En la aduana, sólo con la receta autorizada por el ISP se puede internar el medicamento. “Los couriers no poseen bodegas destinadas únicamente para almacenar medicamentos. Entiendo que sólo FedEx tiene una bodega para almacenamiento transitoria”, señala Huenchuñir.

A su juicio, si bien Jadue puso en el tapete la discusión sobre el precio de los medicamentos, no está claro que las farmacias populares vayan a ser viables. “Para los usuarios de Fonasa A o B, el 85% de los remedios son gratis, y eso es el 50% de los chilenos. Si alguien tiene que ir a comprar medicamentos, su sistema de salud aparentemente no está funcionando bien. Los medicamentos son el último eslabón, porque no me atendieron en el consultorio o no me entregaron el medicamento. Al exigir una receta implica que tuve que ir a un médico particular”, advierte.

El debate está abierto. Habrá que ver si la estrategia popular es finalmente el antídoto para garantizar el acceso a los remedios a un precio adecuado, o si el modelo pasará a la historia como una más de las innovadoras estrategias de políticos para cautivar votantes.