Hace un tiempo que algo está cambiando en la sociedad chilena. Para muchos, las mujeres están alzando la voz y sacando a la luz lo que por años callaron. Para otros, la ola de acusaciones y casos de abusos sexuales no son más que una "cacería de brujas", una especie de psicosis de una igualdad de género mal entendida.
Independiente de eso, en marchas y manifestaciones feministas se han dado a conocer situaciones que han obligado a poner en la mira a instituciones de todo tipo. En Puerto Montt, durante las últimas semanas, el foco es la sede local de la Universidad Austral de Chile (UACh), que ha sido protagonista de la temática luego de que un grupo de estudiantes se tomara la casa de estudios, en solidaridad con sus compañeras de Valdivia, -que se movilizaron por un caso de acoso en su unidad-, y además se encargaran de exponer sus propias demandas y recopilar testimonios de posibles víctimas.
El contexto ha llevado a que, desde los ministerios a los liceos, pasando por organismos públicos y privados, los protocolos a seguir para estos hechos se hayan vuelto materia de suma urgencia.
Es un tema complejo, al que muchos prefieren evitar y no hablarlo, así por ejemplo, y pese a nuestras constantes consultas, instituciones como el Ejército y Carabineros, desde donde no quisieron entregar versiones sobre sus protocolos ante abusos. Otros ni siquiera tienen planes de contingencia o apenas empiezan a elaborarlos. Esto, aun cuando el peligro está presente -la mayoría de las veces- en ambientes con individuos cercanos a la víctima, como por ejemplo, las oficinas de trabajo.

NORMAS CLARAS
"(...) Llegó a trabajar, se mostró afable hacia su persona, no obstante, esta relación de cercanía con el pasar de los días comienza a transformarse en invitaciones a salir, llegando a insinuaciones de índole sexual. En más de una oportunidad, en el mes de agosto de 2016, incluso le ofrece dinero a cambio de favores sexuales; dicho comportamiento era ejercido en contra de todas las mujeres que trabajaban en el lugar", se lee en la sentencia de una causa tramitada el año pasado en el Juzgado de Letras de Puerto Montt, en la que se da cuenta de cómo un empleado de la municipalidad incunió en "en actos constitutivos de acoso sexual en contra de la denunciante", y también otras mujeres.
Según consta en el escrito, "al principio se juntaban y hacían comidas y esta persona (demandado) se juntó con ellas y empezaron a tener buena relación. Mostró simpatía Pero después de un tiempo las trató mal, les decía 'potrancas'. Les decía 'tení tremendo chasis'. En muchas ocasiones le tiraba las cosas, la trataba de pandillera y drogadicta. (...). Muchas veces cuando se agachaba le miraba el trasero, lo que la hacía sentir incómoda", lo que igualmente no significó el término de
contrato del trabajador inculpado, debido a que había sido realizado con una empresa externa. Sin embargo, se acreditaron "los indicios que demuestran que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales".
Este es uno de los casos que sucedieron el año pasado en la dudad, y que reflejan cómo algunas instituciones públicas enfrentan los procesos para los que cada organismo ha instaurado sus propias medidas.
"A partir de instructivos presidenciales se comenzó a trabajar políticas para las personas. En ese ese sentido, se instala la necesidad de establecer protocolos que permitan sancionar el acoso sexual, sobre todo en materias de procedimientos, porque esto está regido en el estatuto administrativo, lo que implica que una acción denunciada, da origen a una medida disciplinaria, es decir, a un sumario, que para nosotros debiera, esclareciéndose lo denunciado, dar paso a una destitución", opina Pamela Espinoza, dirigenta nacional de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer (Anfusem).
En el Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no discriminación para la Administración Central del Estado, en su apartado para la prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual en el trabajo, señala que "deberán diseñarse medidas especiales destinadas a difundir la normativa sobre acoso sexual entre todos los trabajadoras. Además de efectuar acciones de capacitación y sensibilización permanente, de calle ter preventivo e informar periódicamente al jefe de servicio sobre los hechos o conductas constatados, así como las medidas adoptadas para su corrección".
Para Espinoza, pese a que esto está establecido, "al interior de las instituciones hace falta madurez para entender la posición de la víctima". La dirigenta ejemplifica con el mediático caso del Serviu en Los Lagos, donde el ex jefe de Finanzas del servicio fue denunciado por un presunto caso de acoso laboral.
"La compañera vivió un proceso muy complejo, y no solo ella, sino también el organismo, porque se vio cuestionada y se le responsabilizó por el hecho", recuerda.
Mientras tanto, el tema sigue tomándose la agenda del Gobierno por obligación. De hecho, hace algunos días la ministra de la Mujer, Isabel Plá, ofició a todos los ministerios para conocer los protocolos que los rigen al respecto y ahondar en un área que tiene a todos revisando sus propias metodologías..

TEMOR EN LOS LAGOS
En conversación con El Llanquihue, la propia titular de la cartera analiza un problema que es transversal al país y pide a las mujeres "que derriben esta muralla de silencio en la que muchas están encerradas cuando son víctimas de acoso en el trabajo".
Eso sí, destaca que dicha muralla "ya se está derribando". "Nosotros hemos entregado un antecedente que es bien importante; en 2014 se presentaron ante la Dirección del Trabajo, a lo largo de todo el país, cora de 250 denuncias por acoso sexual, y el año pasado se presentaron casi 900 denuncias, entonces hay una evolución. Pienso que no es
que hayan habido más actos, sino que las mujeres, que son las principales víctimas, se están atreviendo a decirlo", asegura.
Si bien se ha visto este avance nacional, en lo regional todavía pareciera haber un estancamiento en la materia, ya que en el período de enero a abril de 2018, por la vía de investigaciones de Derechos Fundamentales -en palabras simples atropellos de jefaturas a empleados- se han recepcionado 46 denuncias de acoso laboral y solo una denuncia de acoso sexual, según datos entregados por la Dirección del Trabajo Los Lagos.
Anivel de empresas, ante una denuncia, esta entidad activa un procedimiento que puede ser por dos vías; procedimiento de vulneración de Derechos Fundamentales y por fiscalización ordinaria. La primer aplica cuando el acosador es el empleador o un representante del mismo (pudiendo denunciarse en la Inspección del Trabajo o en los Tribunales de Justicia); y la segunda cuando se interpone en las inspecciones del Trabajo una denuncia de acoso sexual por un trabajador(a), en contra de otro trabajador(a), donde junto con verificar la situadón, se busca dilucidar si el empleador (en caso de que haya sido notificado por escrito por la víctima) tomó las medidas o resguardos necesarios que dictaminen sus reglamentos la bases mínimas entregadas por el Código del Trabajo.
Sin embargo, más allá de la claridad de los procedimientos, el temor juega un rol relevante. "Los y las empleadas, no denuncian masivamente situadones de acoso. Eso se cruza con el tipo de contrato que tienen las personas al interior de las instituciones públicas, al ser todos ellos contrato a plazo fijo, contratas o a honorarios, lo que los hace poner en la balanza el 'si lo digo, puedo perder mi puesto y además me voy a enfrentar a algo complejo, agrega la también líder de la Anef regional durante los últimos años, Pamela Espinoza.
En la misma línea, el director regional del trabajo, Guillermo Oliveros, cita al artículo 211-A del Código del Trabajo, como recomendación a seguir• al verse en un hecho de esta magnitud. En él se establece que "en caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servido o a la respectiva Inspección del Traba-
jo"-
Es así como en el mundo laboral las reglas tienen caminos trazados, en tanto en otras ámbitos es todo más difuso. Para Claudia Aspé, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins, esto responde a que el problema está en que "nuestra legislación sólo contempla lo del ámbito laboral con la Ley No 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, y la Ley N° 18.834 que señala la prohibición de 'realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás
funcionarios'".
¿Qué pasa entonces en otros ámbitos como el educacional? Aspé cree que en las casas de estudio muchas veces ocurren este tipo de actos y no son considerados un delito.
"Incorporar estos actos en la reglamentación institucional o a través de un protocolo, fijando la postura de las universidades dentro o fuera de la institución, e incluir en ellos al personal administrativo, docentes y estudiantes", es algo que a ojos de la docente urge. "Deben existir comisiones formadas para su redacción, con campañas de difusión de aquellas conductas que constituyen acoso y discriminación sexual, y se pro-pide el respeto mutuo entre todos bosque integran dicha comunidad", no olvidando, por supuesto, el aspecto preventivo.
EDUCAR TRATANDO TEMAS
"El año pasado, el Ministerio de Educación, a través de la unidad de Equidad de Género publicó el Protocolo Contra el Acoso Sexual en la Educación Superior, procedimiento que solo utilizan una de cada tres universidades hoy", se explica la ministra de la Mujer, Isabel Plá, pero no queda duda que todavía hay mucho que hacer.
Esto mismo ha sumado para que las universidades se hayan transformado en la cara visible de la temática, sobre todo porque las mujeres de diversas casas de estudio del país han salido a exigir "una educación no sexista", que va de la mano con esta revisión o instalación de protocolos y medidas que resguarden ese respeto que mencionaba Aspé.
Gran parte de la génesis de estas peticiones se iniciaron acá en el sur; específicamente en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, donde se registró la situación de acoso sexual por parte de un académico del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias. Polémica que terminó con el despido del docente y con una movilización
que llegó rápidamente a la toma de estudiantes en la sede Pelluco de la casa de estudios en Puerto Montt, la que se extiende desde el 2 de mayo pasado.
El vicerrector de la sede local de la UACh, Remato Westermeier, reconoce que el suceso ha provocado una "fuerte tensión" y que "ha generado controversia al interior de la comunidad universitaria". Asegura, eso sí, que "la investigación pasó por todas las instancias dentro de la legalidad vigente y normativa interna, con el acompañamiento de la Inspección del Trabajo".
La movilización es un apoyo a la reacción de Valdivia, sin duda, pero acá también hay casos que resolver. Tras una encuesta online, han comentado en redes sociales que existen hechos puntuales relacionados a abusos en lo local. Pese a ello y consultadas por El Llanquihue, las estudiantes se negaron a haca público en los medios el tema.
- Vicerrector, ¿sabe de estas denuncias locales la universidad?
- "Estamos al tanto de que existen relatos anónimos de abuso, acoso o discriminación. La UACh desde 2015 generó las estructuras adecuadas para canalizar denuncias tanto de estudiantes como de funcionarios académicos y no académicos, por lo que instamos a que quien sufra de esta simación, utilice los procedimientos adecuados y regulados por la institución",
Yes Westenneier quien habla con bastante documentación de apoyo. Precisamente porque la UACh una de las casas de estudios con mayor trabajo ligado al tema. De hecho, desde hace varios años cuenta con una "Política de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria", además de un Comité paritario degénero y diversidad, un procedimiento para el acompañamiento, investigación y sanción de conductas de acoso entre estudiantes; e induso una comisión de intervención ante situaciones como las descritas.
La profesora Angélica Aguilar; quien dirige la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, que también lidera la Dirección de Asuntos Estudiantiles, recalca que recientemente entró en vigencia un protocolo que trata estas situaciones entre la totalidad de la comunidad universitaria. Una "nueva estructura institucional que da espacio para que los estudiantes denuncien cuando sienten que son pasados a llevar".
"En eso pedimos que haya una difusión mucho más activa porque además estamos viviendo un proceso de cambio. Este tema, hace dos años atrás, no estaba en el contexto país. Hoy está en el contexto de todas las universidades", dice Aguilar.
Un poco distinta es la visión desde la Universidad Santo Tomás, en la que a pesar de "acompañar a las víctimas a través de atención psicológica con profesionales de sede, no existen políticas que lleven a denunciara los organismos de justicia las posibles denuncias, según declara Victor Sánchez, director de Asuntos Estudiantiles del lugar.

-¿De qué manera investigan situaciones como estas y cómo velan para que no ocurran?
- "Trabajamos un protocolo de investigaciones sumarias internas, para intentar esdarecer tanto este tipo de casos como otros que afecten al funcionamiento correcto de la institución", señala Sánchez.
Desde la Universidad Los La-gas, la recientemente asumida vicerrectora, Anita Dörner, comenta: "como campus tenemos que fomentar la bajada de la mesa de género para mejorar los protocolos que hay, e ir identificando estos aspectos con mayor rigurosidad".
Además, la lides académica especifica que las medidas con las que cuentan son "realizar la denuncia pertinente y obviamente, que se hagan los sumarios oportunos para la toma de decisiones".
"Tenemos que estar alerta, tenemos que tener los protocolos, tenemos que hacer la bajada con mayor masividad y que este aspecto sea de diálogo concurrente. Más allá de que se tengan que paralizar los estudiantes, este tiene que ser un trabajo oportuno y sistemático", advirtió.
Para este parte del reportaje
también se contactó ala Universidad San Sebastián, sin embargo, hasta el dene de este edición, no entregaron la respuesta que se comprometieron a dar.
Pero en el ámbito educadonal tampoco se puede dejar de lado la escolaridad básica y media, espacios en los que también se están registrando casos en tomo a este tópico. Sin ir más lejos, el año pasado se recibieron 12 denuncias por agresiones sexuales (delitos como violación, abuso sexual, estupro, corrupción de menores) en la Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos, mientras que en lo que va del año ya se han presentado cuatro.
Cuando el hecho no ha sido denunciado, la ley obliga a los directores, inspectores y profesores de un establecimiento educadonal a hacerlo en el plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento del mismo, con el riesgo de ser sancionados con multas de no hacerlo.
"Asimismo, los establecimientos educacionales deben contar con protocolos de actuación para hechos de connotación sexual y agresiones sexuales que son procedimientos que establecen los pasos a seguir y los res
ponsables ante situaciones de riesgo, entregando pautas anticipadas con aiterios objetivos ante cualquier evento o situación que exponga la integridad fisica o psicológica de los miembros de la comunidad educativa", afirma José Rogel, director regional (S) de la Superintendencia de Educación.
"CACERIA DE BRUJAS"
Con este contexto y en una realidad que cada día se enfoca más en develar los abusos y acosos en distintas aristas, hay quienes tienen una postura muy opuesta del tema, más todavía por la manera en que se están manejando a nivel judicial los casos, en los que, se avala a la víctima sin importar la presunción de inocencia.
"Hoy, el problema que tiene la persecución penal, es que existe una verdadera 'cacería de brujas', porque cualquier se siente con derecho a denunciar lo que siente que es un ataque sexual, poniendo todo un sistema, con todos los órganos asociados y gastándose una cantidad de recursos enormes", asevera el abogado Andrés Fimuni.
El también magister en Derecho Penal de la Universidad de Chile reafirma su postura, añadiendo que "en las causas que yo participó, más de la mitad no tienen ninguna posibilidad de llegar a la formalización, pero se hace, porque ahora está todo el estímulo a la persecución, los indicadores de gestión que tienen una es-pede de incentivo casi perverso a lo que es la judicialización".
Además, Firmani es categórico en decir que "las cifras se 'inflan', a raíz de que habían casos que antes se iban al archivo o al sobreseimiento, pero actuahnente todo se judicializa, para ofrecer términos anticipados. Entonces, cuando el fiscal nacional o regional hace sus cuentas públicas anuales, dicen 'tuvimos más ingresos sexuales el año pasado, y también más términos', lo que es evidente que es un fraude de etiqueta".
"Estamos viviendo la revolución del cambio, pero yo creo que la cultura cívica de nuestro pueblo no está preparada, por lo que se está dando cabida con el eslogan de 'estamos con las víctimas', que está haciendo pagar a justos por pecadores", apunta Fimuni.
Pese a ello, las autoridades están comenzando a dar respuesta a las peticiones que se han oído en las recientes manifestaciones, ya sea por responder con condescendencia, para poder dar a conocer cifras infladas', por una jugada política, o por un sincero apoyo.
Cualquiera sea el motivo, lo relevante es que a mitad de semana, el Consejo para la Transparencia ordenó una fiscalización en 16 universidades estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa. A ello, se sumara" una revisión a los documentos remitidos o publicados que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el "acoso sexual", a quienes contempla corno denunciantes de acoso y a quienes son objeto de denuncia y sus sanciones.
A esto hay que agregar la Ley de Universidades Estatales que la ministra de la Mujer, Isabel Plá, adelantó que será promulgada en los próximos días. "Allí se establece expresamente la prohibición de situaciones de acoso sexual y la obligación de regular para enfrentar ese tema, no solamente a nivel de académicos y funcionarios, sino también de estudiantes", detalla la encargada de la cartera.
Por otro lado, un grupo de senadoras presentó esta semana un Proyecto de Ley que regula el acoso sexual en el ámbito académico y que cuenta con apoyo transversal entre las distintas bancadas.
El proyecto -iniciado por la Red de Investigadoras y que cuenta con el respaldo de las senadoras Isabel Allende, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ena Von Baer, y del presidente del Senado, Carlos Montes- busca regular y sancionar la vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien es víctimas de abusos al interior de los distintos planteles educacionales.
"Estamos cruzando por un momento histórico como país, transitando de un Chile que le parecía natural el acoso -y donde muchas mujeres por generaciones mantuvieron en silencio estos temas-, a un Chile moderno, que tiene otros estándares de comportamiento, de convivencia, y que no tolera el abuso, que tiene una exigencia de equidad de género", finaliza Plá.