Pais:   Chile
Región:   Metropolitana de Santiago
Fecha:   2018-04-27
Tipo:   Prensa Escrita
Página(s):   14-15
Sección:   ECONOMÍA
Centimetraje:   32x47

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Un directivo designado vía concurso público dura -en el papeltres años en su puesto.
El Diario Financiero
EN UN TOTAL DE 33 CASOS SE LES SOLICITÓ LA RENUNCIA
Desde el 11 de marzo 66 directivos ADP salen del gobierno y la mitad de modo involuntario
La mayor cantidad se ubica en las carteras de Salud, Economía y Educación. Presidente Piñera ha utilizado 10 de 12 designaciones directas eximiéndose de concurso público.
Con la llegada de la administración Piñera el 11 de marzo, se activaron los descuentos para algunos de los rostros de las jefaturas de servicios más emblemáticos de la era Bachelet.

Fue el caso de Ernesto Muñoz, director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), uno los primeros profesionales elegidos bajo la lógica del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en recibir el llamado a renunciar por las nuevas autoridades.

Otras solicitudes fueron sorpresivas, como en algunas redes hospitalarias a lo largo del país, pero se siguieron sumando: vino el caso del director de Invest Chile, Carlos Álvarez, de la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, del director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Pedro Goic, y del director general de Aguas (DGA), Carlos Estévez, entre otros.

Remociones que van en línea con la facultad que la nueva ley de ADP le entrega al Presidente de la República de reemplazar con personas de su confianza a hasta 12 cargos directivos de primer nivel adscritos al sistema en los primeros tres meses de gestión.

Los citados cargos deben pasar por un concurso público. Sin embargo, el pasar por el filtro del sistema no asegura siempre su mantención en el cargo.

Según cifras de ADP, desde el 11 de marzo 66 altos cargos directivos adscritos al sistema han abandonado sus cargos, de los cuales la mitad han sido despedidos por las nuevas autoridades.

En concreto, 33 plazas quedaron vacantes en el sector público -algunas ya fueron llenadas- por razones de 'renuncia no voluntaria' -consigna el oficio de ADP, firmado por el director Alejandro Weber-, mientras que 18 abandonaron el aparato estatal al cumplirse su período de tres años en el cargo. Asimismo, apenas 15 altos directivos dejaron sus puestos por la causal de 'renuncia voluntaria' (ver tabla).

De todas maneras, las cifras representan una fracción baja en comparación a los 793 cargos directivos de primer y segundo nivel que son concursables en el sector público. En total, más de 1.500 posiciones en el Estado son designadas vía concurso. En el desglose, la mayoría de los directivos que abandonaron sus cargos corresponden a la cartera de Salud, principalmente en los servicios regionales y metropolitanos, seguido de Educación con 10 -con predominancia en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y la Superintendencia de Educacióny Economía con 9-destacando el Servicio Nacional de Turismo-.

Las 'balas de plata' utilizadas

A la fecha, el nuevo gobierno ha utilizado 10 de los 12 nombramientos que le permite la ley en cargos de confianza ADP de primer nivel jerárquico.

Es el caso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección del Trabajo (DT), la Superintendencia de Educación, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Instituto Nacional de Deportes (IND), el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y los ya citados INE y Sernac.

Los cupos dejados vacantes por Álvarez, Goic y Estévez serían llenados con nuevos concursos públicos al alero del Servicio Civil. Al interior del gobierno hay varias reparticiones cuyos directivos seleccionados por ADP aún no son confirmados en sus cargos y que están en proceso de evaluación, como la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas y la Comisión Chilena del Cobre, entre otros.


Recuadro
793 cargos de primer nivel y segundo son concursables.

Empleo público: LyD advierte incertidumbre por fallos judiciales

Centro de estudios analizó pronunciamientos de la Suprema y la Contraloría por honorarios y contratas.

Una modificación de hecho está enfrentando el regimen de trabajadores a honorarios y contrata del sector público dado los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. Esa es la conclusión a la cual llegó Libertad y Desarrollo (LyD) tras analizar los últimos dictámenes del órgano contralor que han 'cambiado la naturaleza' de los empleos a contrata en el sector público, transitando desde reconocer su carácter de transitorio -su vínculo vence el 31 de diciembre de cada año- a uno más 'híbrido', al señalar que la no renovación de los trabajadores debe 'fundamentarse'.

'La Contraloría ha establecido que después de dos renovaciones, se estima que existe confianza legítima por parte del empleado para suponer que su contrato será renovado', analiza LyD, que recalca que si bien dicha interpretación 'en ningún caso' implica que los trabajadores a contrata son inamovibles, 'sí se debe reconocer que se ha venido generando un cambio que no se condice con lo que inicialmente estableció el legislador'.

Respecto a los trabajadores públicos bajo el régimen de honorarios, LyD analiza un fallo de la Suprema que establece que quienes se desempeñen bajo ese régimen desarrollando labores 'permanentes' tienen derecho al pago de cotizaciones previsionales e indemnización en caso de despido, lo que -proyecta- impactará en más de $ 40 mil millones al año el gasto en personal a honorarios de los municipios si consideran los pagos previsionales.

'Si bien en este caso el fallo de la corte no genera una mayor rigidez a la desvinculación de estos funcionarios, sí implica un cambio en las condiciones contractuales.

Al obligar al pago de previsión y salud e indemnización en caso de despido, se está alterando el acuerdo laboral alcanzado por las partes fijado de mutuo acuerdo al momento de la contratación', señala el análisis.

LyD enfatiza que 'no resulta razonable' que se introduzcan cambios legales vía fallos judiciales y dictámenes, sino que más bien aquello corresponde al legislador.

Los 10 cargos ya designados

SEA

Hernán Brücher reemplaza a Juan Cristóbal Moscoso.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Mauricio Peñaloza toma la posta de Christian Melis.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Sebastián Izquierdo asumió desde el 11 de marzo en reemplazo de Alexis Ramírez.

FONASA

Marcelo Mosso lidera el servicio tras la gestión de Jeanette Vega.

IND

Renato Palma dirigirá la entidad en reemplazo de Christian Droguett.

SENAME

Susana Tonda es la sucesora de la exfiscal Solange Huerta.

INDAP

El exdiputado Carlos Recondo asume en reemplazo de Octavio Sotomayor.

CONADI

Jorge Retamal vuelve a liderar la corporación tras el paso de Joaquín Bizama, quien era subrogante desde fines del 2017.

SERNAC

El abogado Lucas del Villar se convirtió en el sucesor de Ernesto Muñoz.

INE

El economista Guillermo Pattillo reemplazó a su par Ximena Clark.
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POR SEBASTIÁN VALDENEGRO-