Sí, leyó bien el título. Es el retail financiero, el mismo que desde la década de los 90 se negaba a que las deudas que tenían los clientes de las tarjetas de casas comerciales fueran conocidas por la banca, quien ahora está promoviendo que se consolide la deuda no solo de las divisiones financieras de los retailers, sino que además se sumen automotoras, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y créditos hipotecarios entregados por aseguradoras.

El que lo dice es Claudio Ortiz, el vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, el mismo que en muchas ocasiones y en múltiples foros de antaño explicaba que la base de datos que construyó el retail financiero por años, con toda la inclusión financiera que eso involucró, era el principal activo del sector y que no podían entregarlo sin ninguna garantía. Y los bancos, por su parte, por los mismos años, abogaron por tener la información no bancaria de los clientes para poder evaluarlos de manera integral. Se hablaba de ojos vendados, inclusive.

Sin embargo ahora, explica Ortiz, la realidad de los hechos y el nuevo consumidor hicieron cambiar las cosas. 'Hay un nuevo consumidor, más global, más deliberante, informado. Empuja nuevas formas de relacionamiento con las empresas. También hay un nuevo consumidor en Chile: los inmigrantes, que son 1.250.000, y me atrevería a decir que el 90% son personas mayores de 18 años que vienen a buscar trabajo'.

El factor clave que hizo cambiar el punto de vista del retail financiero, asegura Ortiz, fue el avance del proyecto de ley de protección de datos personales, que estipula, entre otros múltiples factores, que los usuarios son los dueños de sus datos privados, entre ellos, los crediticio-financieros. 'Dado que estamos cimentando un adecuado resguardo de los datos privados de las personas, se están generando las bases para poder avanzar en un tema que ha estado siempre en el análisis público, que es avanzar en un sistema integrado de información comercial', dispara el representante.

'Uno de los activos más importantes en todos los sectores de la economía son los datos. Fuimos cautos y siempre propiciamos que debía haber una regulación de datos personales. Esta información ahora se va a aportar hacia las personas, para que estas las entreguen a los distintos oferentes de crédito', agrega.

'Esto permitirá que las personas reciban su información de manera sistemática y ordenada, que ellos puedan aportarla cuando están postulando a un crédito, y las empresas van a tener mucha más información para evaluar al cliente. Así potenciamos nuestro mercado financiero', dice. Según el texto del proyecto, las personas serán dueñas de su información crediticia, y si están postulando a un crédito con una institución financiera en particular, pueden solicitar uno por uno a los otros actores crediticios que le entreguen su información positiva y negativa. La idea de Ortiz es que en vez de ir pidiendo uno por uno la información, un sistema consolide las deudas y que luego el cliente voluntariamente decida consentir la entrega de sus datos.

Pero, además de la ley que está ad portas de ser aprobada en el Congreso, fue el mismo mercado el que hizo parte importante del trabajo. La tarjeta Ripley se integró al Banco Ripley, BCI compró la operación de Walmart en Chile, Scotiabank maneja el 51% de las tarjetas de Cencosud, y CMR Falabella ahora funciona dentro del Banco Falabella. Con ello, el 95% de los datos del retail financiero ya está en manos del sistema bancario nacional. El 5% restante, dice Ortiz, está en las tarjetas de casas comerciales medianas y pequeñas que no están integradas con bancos. Pero no solo a ese 5% debería apuntar este cambio. La idea es ampliar el perímetro.

'Necesariamente todos los oferentes crediticios debieran ser parte de este sistema integrado. El mercado automotor está ocupando cada día más un porcentaje importante del sistema financiero, como también otras industrias', afirma Ortiz, y en ese grupo de 'otros' entran las cajas de compensación, cooperativas y aseguradoras que entregan créditos hipotecarios. Y que no son actores pequeños.

Según información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a marzo de este año, los bancos concentraron un stock de colocaciones en créditos de consumo y tarjetas de crédito por US$ 32.650 millones. Muy atrás siguió el retail financiero, con US$ 4.427 millones; las cajas de compensación, un total de US$ 2.785 millones, y las cooperativas registraron US$ 2.502 millones. La idea de Ortiz es que esos actores, y todos los que participen en el crédito formal en Chile, y que hoy manejan sus propias bases de datos, puedan acceder a los datos históricos de los clientes.

Un score de crédito de cada chileno
Para hacerlo, detalla el vicepresidente ejecutivo del gremio, es necesario un nuevo proyecto de ley. 'Desde 2011 en el Congreso hay un proyecto de ley que crea el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE). El texto de ese proyecto de ley, dado cómo ha evolucionado el mercado, y con este nuevo marco regulatorio en protección de datos personales, quedó obsoleto', explica.

Aunque debiera ser parte de la discusión parlamentaria, Ortiz propone que, por ejemplo, sea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) -que desde junio fiscalizará al 75% del sistema financiero del país, excluyendo solo a las AFP- quien maneje las bases de datos de deuda de los chilenos. 'El sistema financiero hoy mantiene la información negativa de todos los chilenos. El hecho de que las personas aporten su información positiva va a ser una señal de mayor confianza hacia el emisor, y debiera ser beneficiado con mejores condiciones (…) Va a haber una sana competencia en los emisores de crédito por captar a estos clientes, sabiendo que portan su historial completo', recalca Ortiz.

Con esto, además, se podría crear, como en países desarrollados, un score de crédito de cada chileno. Una especie de puntaje objetivo con el historial de toda su vida crediticia. 'Todos aquellos con buen comportamiento comercial- crediticio se verían beneficiados, y son la mayoría de los chilenos. Los únicos a quienes les interesa negociar sin la información son aquellos que dejaron de cumplir sus compromisos, que son los menos. Queremos políticas públicas para la mayoría de los chilenos', sostiene Ortiz.

Hasta ahora, el representante del retail financiero ha tenido reuniones preliminares con el Ministerio de Hacienda sobre este punto, y cuenta que van a pedir una reunión formal para avanzar en la consolidación de la deuda, ahora, empujada por ellos. 'Yo pienso que todo el mercado debiera tomar esto como una buena noticia. Esa es nuestra expectativa', sostiene.

Con esto, además, deberían generarse otros fenómenos, como que los bancos aumenten sus provisiones ante el ingreso de clientes con un mayor grado de riesgo al sistema. Así lo dejó claro esta semana el Banco de Chile, que informó que aumentó en 20% sus ratios de provisiones, en parte, porque ahora conoce el comportamiento de sus clientes que además tienen deudas con CMR y Cencosud, por ejemplo. 'Tenemos un stock de colocaciones importantes en mercados de bajos recursos. Obviamente, en esos mercados, el índice de morosidad es mayor que el promedio que tiene la banca, que está más enfocada en los segmentos de nivel medio hacia arriba. Al promediar esto se produce un cambio en los ratios', comenta, y agrega que hoy el retail financiero tiene un índice de morosidad a 30 días de 8,5% en promedio, lo que no ha hecho más que bajar en el último tiempo.

Eso sí, esta ley debiera traer obligatoriamente aparejadas otras modificaciones. Por ejemplo, aumentar el tiempo de permanencia de la información positiva y negativa de los créditos morosos de las personas, que hoy hace que a los cinco años desaparezcan las deudas impagas. Lo que ha propuesto el Banco Mundial es que los países tengan por lo menos siete años la información negativa del cliente y dos años su información positiva. A eso apunta el retail financiero.

'Esto ayuda a miles de chilenos que en algún momento tuvieron algún problema de morosidad, pero que al final cumplieron. A esas personas hay que distinguirlas de aquellas que no pagaron su deuda y que su deuda simplemente se borra pasados los 5 años', afirma Ortiz.