Un mandato de aciertos y desaciertos. Así definen en la industria los 15 meses de gestión de la ahora ex ministra de Energía, Susana Jiménez. Entre los aspectos positivos, la exministra exhibió avances en varias materias cruciales como la descarbonización del parque eléctrico, destacando en este proceso sus capacidades para analizar temas de alta complejidad técnica.

El trabajo de la exsecretaria de Estado fue crucial en el marco de la mesa creada con miras a establecer un calendario de desconexión de este tipo de centrales contaminantes y en las reuniones bilaterales con cada una de las empresas generadoras, donde se establecieron las condiciones para la salida de estas productoras de electricidad. A lo anterior, se suma el papel que jugó en la confección de la Ruta Energética y los programas que buscan llevar suministro eléctrico a lugares y comunidades donde aún no cuentan con el servicio. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por el mediático caso de los medidores inteligentes, asunto que le valió un duro conflicto con la industria y el posterior distanciamiento con el sector privado.

En este escenario, el ministro Jobet deberá acercarse a los privados con el objetivo de reimpulsar la inversión que se espera que se produzca en el sector energético. Sin embargo, cercanos a la gestión de la ministra advierten que el conflicto por los medidores fue un problema heredado de la administración anterior y que los errores en este gobierno en el tema de estos equipos fueron más bien de corte comunicacional. Finalmente, la solución de este proceso fue suspender el cambio de aparatos, dejando al arbitrio del usuario el reemplazo de ellos. Otro punto que jugó en contra de Jiménez fue la falta de redes políticas, según manifestaron fuentes cercanas al Gobierno.

Durante las últimas semanas, también enfrentó una polémica tras anunciar cambios al decreto 244, que norma las reglas de pago a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), instrumento que estabiliza los precios que se pagan a aquellas pequeñas generadoras que no tienen las espaldas para conseguir financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. Según la industria, esta medida pone en riesgo la implementación de una serie de iniciativas, sobre todo, proyectos de generación solar, las cuales se valoran en varios cientos de millones de dólares.