“Es una amenaza grave a la salud de los pacientes. Con esto se consagrará en el país la existencia de medicamentos de primera y segunda categoría, y la consecuente inequidad que ello conlleva”, dijo ayer Jean-Jacques Duhart, vice presidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), aludiendo la propuesta del gobierno de permitir la intercambiabilidad de remedios con receta médica que no cuenten con estudios de bioequivalencia, en el marco de la tramitación de la Ley de Fármacos II en el Congreso.

Actualmente se pueden intercambiar medicamentos recetados por un médico, pero sólo cuando son bioequivalentes, es decir, que han probado, a través de estudios científicos, que tienen la misma eficacia que el fármaco original.

El martes pasado, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, expuso ante la Comisión de Salud del Senado la propuesta del Ejecutivo, donde se flexibiliza la actual política de bioequivalentes, permitiendo que todos los medicamentos sean intercambiables, tengan o no bioequivalencia.

La salvedad será una lista que elaborará el Instituto de Salud Pública (ISP), para todos aquellos que no podrán ser reemplazados debido a su complejidad, como productos antidepresivos, o biológicos, entre otros.

Mientras tanto, y por seis meses tras la promulgación de dicho proyecto de ley, Salud trabajará en una nueva política de fármacos bioequivalentes que acortará los plazos para los estudios, apuntando a que todos los productos obtengan la certificación.

La propuesta causó rechazo también entre los Productores Locales de Medicamentos, agrupados en Prolmed. Su presidente, José Luis Cárdenas, destacó que “la intercambiabilidad sólo puede darse con la bioequivalencia, que es la forma internacionalmente aceptada para demostrar que dos medicamentos son iguales”.

Cárdenas agregó que “plantear lo contrario, significaría ir contra de todo lo avanzado en políticas de calidad de los medicamentos, que van en beneficio de los pacientes. El Gobierno debe profundizar las políticas de calidad, no detenerlas”.

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, explicó que esto se aplicaría a remedios que llevan muchos años de uso en el país, sin registro de efectos adversos o reclamos, y con registro en el ISP. “Me parece bien que de manera transitoria se adopte esta medida, mientras se regulariza la situación de los genéricos bioequivalentes”. No obstante, destacó que “la bioequivalencia es importante”.

Andrea Martones, asesora de asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública, aclaró que “la bioequivalencia no se elimina, sino que se va a reformular la política de manera de hacerla cumplible y exigible. Si una política no se puede cumplir, pasa a ser letra muerta, que es lo que ocurrió con la actual política de bioequivalencia”.