Despachado del Congreso el Presupuesto 2019, el Legislativo retomará la tramitación de la reforma tributaria. Y un elemento en el que expertos tributaristas y economistas han puesto el foco es el mecanismo conocido como 'renta presunta', al que se pueden acoger para pagar menos impuestos los contribuyentes de ciertos sectores de la economía, como son agricultura, transportes y pequeña minería. ¿Por qué está en la mira? Porque, entre otros argumentos, hace perder entre US$ 300 millones y US$ 360 millones de recaudación al Estado, cada año.

'La renta presunta es un sistema de tributación en el que no se paga impuestos por los ingresos, sino por el valor de un activo', explica el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Agostini. Y si bien en la reforma tributaria de 2014 se acotaron los rangos para que las empresas se acojan a este mecanismo (entre 5 mil UF y 17 mil UF en ventas anuales), sus críticos sostienen que se debería eliminar por completo, ya que las razones por las que se creó en 1974 ya desaparecieron. El principal argumento era que resultaba más costoso para el Estado fiscalizar a este tipo de empresas que lo que se recaudaría.

Sin embargo, algunos economistas que promueven el fin del sistema, como el propio Agostini e Ignacio Briones -uno de los cerebros de la propuesta tributaria de Evópoli-, en el siglo XXI la tecnología facilita conocer la información de los contribuyentes como para que las empresas beneficiadas con el sistema paguen los impuestos que les corresponde. Así, además de generar un escenario de justicia y equidad tributaria, el Estado recaudaría un monto significativo.

En este sentido, Agostini señala que sólo 'en los datos de 2013 del SII, las empresas favorecidas pagan, en promedio, la mitad de lo que deberían', por lo que 'son como US$ 360 millones que quedan para su bolsillo, en vez de ir al Estado; y es injusto respecto de gente que gana lo mismo y no paga la mitad, como ellos. Así es que también hay un tema de justicia tributaria'.

A este respecto, la argumentación de Briones es coincidente, aunque un poco más moderada en la cifra, asegurando que la renta presunta no sólo provoca inequidad tributaria, sino que 'además genera una merma de recaudación que no es menor, (ya que) las estimaciones que existen a estos efectos es que por renta presunta podemos estar hablando de US$ 300 millones de menor recaudación'.

¿Inequidad tributaria?

Con este sistema, aclara Agostini, se produciría una situación de inequidad de unos contribuyentes respecto de otros (ver recuadro), algo que descartan desde el gobierno. Una de las preocupaciones que plantean los expertos es que el régimen se prestaría para elusión, evasión y eventualmente fraude. 'Lo que hacían muchas empresas de camiones o buses es que dividían la empresa en muchas pequeñas. Tur Bus tenía renta presunta por años. Posteriormente, para evitar eso se estableció que 'si alguien tenía varias empresas de renta presunta, se sumaran las ventas de todas como si fuera una; y con eso se acotó bastante ese tipo de fraude', explica Agostini.

No obstante, añade, 'subsisten el problema de equidad tributaria y el que siempre se puede declarar que una empresa tiene más de un rubro económico'.

En tanto, Briones sostiene que 'lo que busca Evópoli (al proponer eliminar la renta presunta) es un principio de igualdad ante la Ley'. Es decir, 'un sistema simple y parejo, con tratamiento igualitarios a todos los contribuyentes, mayor justicia tributaria y más eficiencia'. Y que, por lo demás, incluso se podría hacer de manera gradual.

Pero desde el gobierno la señal va en sentido contrario, ya que aseguran que 'a partir de los últimos ajustes, existen normas de control muy importantes y severas para operaciones que puedan realizar empresas que están en el régimen de renta presunta', por lo que no creen que sea necesario hacer modificaciones adicionales. Además, aseveran que 'no es injusto', pues 'son incentivos a determinadas industrias específicas que consideran el tamaño de los contribuyentes'.