La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) analizó la creciente irrupción de los medios de pagos digitales y planteó que el proyecto de ley sobre responsabilidad de emisores no es consistente con dicho objetivo de avanzar hacia una economía con menos efectivo.

En un informe, la entidad comentó "que la creciente digitalización de los pagos —tanto en Chile como en otras partes del mundo— ha mostrado ser beneficiosa para la sociedad, donde la velocidad de este desarrollo dependerá, entre otros aspectos, de los avances en la tecnología, así como de las regulaciones específicas que se adopten en materia de medios de pago electrónicos, las que incidirán directamente en la disposición de consumidores, comercios y emisores para usar, aceptar y emitir estos instrumentos".

Complementó que "considerando que los desarrollos en estas materias demandan esfuerzos de mediano y largo plazo, se requiere contar con un marco de política pública que contenga definiciones estructurales sobre el alcance esperado en el desarrollo de los sistemas de pago".

"Ejemplos de dicho tipo de definición son claramente identificables en jurisdicciones tales como Suecia y Australia, donde sistemáticamente se han implementado medidas tendientes a fomentar los medios de pagos digitales y reducir el uso del efectivo", continuó.

Remarcó que en el caso de Chile, "también se requiere contar con un marco de políticas públicas que definan los objetivos de largo plazo de nuestra economía en el desarrollo del sistema de pagos y, de manera coherente con dichos objetivos, se estructure un marco normativo para la industria financiera. De este modo, si el objetivo es avanzar hacia una economía con menos efectivo, proyectos de ley como el que actualmente se encuentra en discusión en el
Congreso sobre responsabilidad de los emisores, claramente no serán consistentes con dicho objetivo (cashless economy)".

Cabe recordar que la iniciativa legal que busca actualizar la ley 20.009, limitando la responsabilidad del usuario de tarjetas y otros medios de pago en caso de fraude, se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.