Fijar un método que imponga una línea de base de todos los gases que puedan afectar la salud de los habitantes, incluyendo los que escapan al recién promulgado Plan de Descontaminación de Quintero, además de registrarlos y controlarlos en un año.

Esta es una de las medidas que la Corte Suprema ordena al Ejecutivo realizar en el litoral de la Región de Valparaíso, luego de acoger los recursos de protección que vecinos de Quintero y Puchuncaví, además de organizaciones ecologistas, interpusieron a raíz de los episodios de intoxicación masiva que afectaron —entre septiembre y octubre pasados— a 1.329 habitantes de la zona, 16 de los cuales debieron ser hospitalizados.

La Corte Suprema también dispone elaborar un diagnóstico de las patologías presentes en las comunas y que pudieran relacionarse con las emisiones contaminantes y disponer un seguimiento de casos. Además, que la Onemi prepare un plan de emergencia ante potenciales nuevas intoxicaciones masivas, que contemple la evacuación de los habitantes, especialmente los niños, adolescentes y ancianos vulnerables, a zonas seguras.

El alcance del fallo, que se involucra en políticas públicas a cargo del Ejecutivo, ha generado controversia y abogados expertos han expresado su opinión en este debate. La sentencia 'escapa a la tradición jurisdiccional por la amplitud de órganos administrativos alcanzados y la diversidad de acciones que ordena', comentó el abogado constitucionalista Arturo Fermandois. 'No es normal, pero ya existen precedentes con esta técnica de fallos de la Corte Suprema, como la sentencia Globos Aerostáticos de Lo Barnechea (2016), que ante un vacío de la ley, emitió una completa reglamentación para el uso de estos aparatos', agrega.

El también abogado constitucionalista Eduardo Cordero afirma que el fallo 'da una serie de órdenes y disposiciones propias de la misma autoridad administrativa. Es un fuerte llamado de atención, porque en definitiva le exige ejercer sus atribuciones y coordinarse, como no lo ha hecho, para enfrentar un problema grave de contaminación'.

¿Puede la autoridad jurisdiccional 'inmiscuirse' en materias propias del Ejecutivo? 'La Constitución entrega facultades a los tribunales de justicia para la protección de los derechos constitucionales y su tutela en casos urgentes', acota el decano de la Escuela de Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la UC de Valparaíso, Alan Bronfman. 'Si la ausencia de políticas oportunas afecta en forma grave derechos constitucionales, los tribunales son competentes para disponerlas', agrega, señalando que ese es el sentido de la 'tutela jurisdiccional de los derechos'.

Cordero, en tanto, acota que estos 'golpes en la mesa' no son muy frecuentes. A nivel internacional, cita fallos en Estados Unidos en orden a terminar la concentración de instalaciones necesarias, pero contaminantes, en barrios de predominancia afrodescendiente. Más cerca, en Argentina, está el caso del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, ordenada por la Corte Suprema de ese país.

Al constitucionalista Eduardo Cordero le llama la atención el alcance del fallo de la Suprema, que califica de 'singular', pues aborda materias de los ministerios de Salud, Interior y Vivienda. Considera que su acatamiento puede obligar a efectuar cambios en el Plan de Descontaminación, la declaratoria de zonas saturadas y latentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví, y de normas de emisiones, así como acelerar cambios en instrumentos de planificación territorial.

Mientras, el abogado experto en Derecho Administrativo Luis Cordero, destaca que el fallo evalúa el 'rol histórico del Estado, por el enjuiciamiento que ha jugado en la zona. Hay una evaluación del Ejecutivo que por años ha mantenido una omisión en Quintero y Puchuncaví que para la Corte es permanente. Esto es más allá de los últimos episodios'. A su juicio, orienta, pero no interviene en materias del Ejecutivo.

Fermandois concuerda en ese punto: 'Lo grave sería que la Corte sustituyera a los ministerios, pero en una lectura preliminar no me parece que sea el caso'.