Tras el incidente de ciberseguridad que afectó el año pasado a Banco de Chile, las luces de alerta sobre el resguardo de la información se encendieron en Chile. Así, algunas entidades tanto públicas como privadas han comenzado a trabajar en esto.

La Superintendencia de Pensiones (SP) está desarrollando un plan de trabajo en este aspecto y en ese contexto, abrió una licitación pública para elaborar un Estudio de Seguridad de la Información aplicable a AFP y la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) con el objeto de que sea incluido en una normativa sobre la materia que emitirá el regulador.

La autoridad destinó $ 51,5 millones para la empresa que gane la licitación, la que deberá entregar tres informes al regulador.

El primero es un modelo de Gestión de la Seguridad y Ciberseguridad para las AFP y AFC; el segundo, la definición de los estándares de evaluación del Modelo de Gestión de Seguridad y Ciberseguridad y el tercer informe, corresponderá al resultado de la primera evaluación de Seguridad y Ciberseguridad.

Detalles de la consultoría

El modelo de Gestión de la Seguridad y Ciberseguridad exigido por la SP deberá 'estar sustentado en los mejores marcos de control y buenas prácticas nacionales y/o internacionales aplicables a la Gestión de Riesgo de la Seguridad y la Ciberseguridad, los cuales deberán estar identificados por el adjudicatario y su inclusión debidamente justificada', señala la licitación.

Para esto el regulador estableció algunos puntos mínimos que debe Hace tres años que las AFP están autorizadas para invertir en activos alternativos tras la promulgación de la Ley de Productividad en 2016. Según datos de la asociación de la AFP, a partir de julio de 2018 las administradoras han ido invirtiendo gradualmente en estos activos. Así, al 31 de marzo la inversión en este tipo de instrumentos ya alcanzaba US$3.614 millones (ver gráfico), compuesto principalmente por US$ 2.581 millones de renta variable en el extranjero (71,4% del total de inversión en estos activos).

De acuerdo a estas cifras, los activos alternativos ya representan un 1,7% de la cartera de inversión de los fondos de pensiones.

Para los multifondos, el Banco Central fijó los límites máximos de inversión en activos alternativos, teniendo un tope de 10% el Fondo A; 8% el Fondo B; 6% el Fondo C y 5% los Fondos D y E.

La consulta al SII

En las últimas semanas, este vehículo de inversión ha estado en discusión luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) indicara que deben tributar. Específicamente, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, efectuó una consulta al SII por las consecuencias tributarias de inversiones de fondos de pensiones y de cesantía en activos alternativos como los inmobiliarios.

En respuesta el SII estableció que 'los Fondos de Pensiones y el Fondo de Cesantía Solidario pueden ser contribuyentes del IVA, en la medida en que desarrollen efectivamente operaciones gravadas con este impuesto'.

La autoridad de impuestos agregó que en este caso, los fondos 'además deberán contar con RUT propio, independiente de la sociedad administradora (AFP) que corresponda, considerando lo dispuesto por el artículo 66 del Código Tributario y, en general, cumplir con todos los deberes tributarios que la normativa vigente impone a los contribuyentes de IVA'.

Ayer en tanto, en la junta ordinaria de accionistas de AFP Capital, el gerente general Jaime Munita se refirió al asunto en un punto de prensa. 'Estamos mirando, creemos que existen ciertas asimetrías que esperamos que se discutan en su momento. Si (los activos alternativos) tienen que tributar hay una parte de esa rentabilidad que no se va a capturar', advirtió.