Señora Directora: En respuesta a la carta 'Certeza Jurídica en los actos administrativos', publicada la semana pasada, en donde se defiende la labor de la Contraloría frente a los casos de incertidumbre jurídica que el rubro de la construcción está viviendo, debo decir que, si bien se señala que el organismo toma posición sobre los proyectos que son denunciados, lo cierto es que también hay una vulneración a la presunción de legalidad de los activos administrativos, expresados en la Ley de Bases 19.880 por la cual se rigen los Procedimientos Administrativos.

Los instrumentos de planificación territorial no debiesen ser objeto de cuestionamiento y nulidad posterior cuando en una instancia exhaustiva han sido aprobados a través de los mecanismos legales existentes. Donde se cuenta tanto con la participación ciudadana como también el trabajo de miradas expertas. La situación preocupa, porque se está haciendo una interpretación de la ley vigente. Numerosos dictámenes del órgano de control están aplicando los nuevos conceptos con un efecto retroactivo.

Esto, a su vez, les genera un problema sensible a las municipalidades y directores de Obras Municipales, ya que se encuentran con la dificultad de no saber si los criterios existentes, y que habían sido aprobados bajo norma antes de lo dictaminado, siguen siendo válidos. Por lo mismo, hablamos de incerteza jurídica cuando las normas se interpretan y reinterpretan, en vez de formular en un cuerpo normativo claro y unívoco que afecta a uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país.