Nex Prensa Escrita
Pais:   Chile
Fecha:   2019-12-11
Tipo:   Suplemento
Página(s):   4
Sección:   Suplemento - Empresas&Mercados
Centimetraje:   34x24
  • Exprofesionales de la FNE analizan cambios al organismo anunciados en agenda antiabusos
    La Tercera - Pulso
    Si bien en términos generales valoraron las propuestas, indicaron que la actual legislación contempla penas elevadas para los delitos de colusión, algunas de las que no se han aplicado por el poco tiempo de vigencia de la ley.
    —El combate a la colusión y el abuso en los mercados es uno de los tres pilares de la denominada Agenda Antiabusos, dada a conocer en cadena nacional este lunes. Cinco profesionales -abogados y economistas- que se desempeñaron en la FNE, analizaron las propuestas y si bien en general valoraron los anuncios, también aclararon algunos puntos y presentaron sus reparos.

    MATICES EN PENA EFECTIVA.

    Una de las medidas propuestas por el gobierno fue aumentar las sanciones penales, con penas de cárcel efectiva, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos.

    La abogada socia de Morales & Besa y exjefa de la Unidad de Carteles de la FNE, María José Henríquez, explicó que 'la sanción de cárcel existe desde el 2016 en nuestra ley y la pena es bastante severa: entre tres y diez años de prisión con un año de cárcel efectiva. También se incorporaron inhabilidades para ejercer ciertos cargos ejecutivos y directivos'.

    En el caso de la agravante para los delitos que afectan productos de primera necesidad, Jaime Barahona, abogado de Guerrero Olivos y exsubfiscal nacional económico, detalló que esta existía en el año 2003 y que 'se discutió en la última reforma, pero no se acogió, entonces de alguna manera el gobierno está restableciendo esta agravante considerando la discusión de 2016'.

    Carolina Bawlitza, counsel de DLA Piper y exencargada de Delación Compensada de la FNE, indicó que si bien se puede considerar agravantes especiales o aumento en el plazo de cumplimiento de la pena efectiva, 'lo cierto es que las penas que actualmente contempla la legislación son bastante elevadas y que hasta la fecha no han sido aplicadas únicamente debido al escaso tiempo transcurrido desde su aprobación'.

    En este punto, el abogado socio del Estudio Bravo y exlitigante de la división jurídica de la FNE, Mario Bravo criticó que la decisión de solicitar la pena de cárcel sea criterio del Fiscal Nacional Económico, lo que a su juicio debería ser una obligación. Para Bravo 'lo que ha presentado es ambiguo, liviano. Espero que esto sea para abrir el debate y que participen expertos'.

    En ese sentido, para Ana María Montoya, economista y socia de Butelmann Asociados y exsubjefa de la Unidad Anticarteles de la FNE, se debe 'dejar actuar el sistema y a su institucionalidad antes de evaluarlo o reformarlo. En nuestra experiencia sabemos que las investigaciones de carteles son largas y altamente complejas y por eso es posible que no existan aún casos de carteles nuevos a los cuales aplicar las reformas que mencionamos'. La también fundadora de la Red Procompetencia agregó que 'lo que sí falta es una mayor comprensión del sistema, para lo cual es esencial que se comunique y socialicen los distintos tipos de prácticas colusivas y sus consecuencias al interior de las empresas y asociaciones gremiales'.

    NOVEDADES Y PROPUESTAS.

    Dos puntos fueron los más llamativos del anuncio. Por un lado, la figura del denunciante anónimo, la que incluso podría contar con una recompensa si la información permite desbaratar un cartel, indicó el ministro de Economía, Lucas Palacios. Al respecto, Barahona indicó que este mecanismo 'se ha utilizado en varios países, pero lo novedoso es que si lo juntas con una recompensa, estaríamos en la punta de los mecanismos más avanzados'.

    Si bien en la actualidad cualquier persona puede ingresar una denuncia ante la FNE por prácticas contrarias a la libre competencia, solicitando reserva de su identidad, 'entregar premios o contraprestaciones al denunciante amerita un análisis cuidadoso de pros y contras, pues existe el riesgo de sobrecargar a la autoridad de denuncias infundadas, impidiendo que focalice sus esfuerzos en la investigación de los ilícitos verdaderos', afirmó Bawlitza.

    Por otro lado se planteó el alzamiento del secreto bancario, lo que pasaría a formar parte de las atribuciones duras de la FNE, junto con el allanamiento y la interceptación telefónica, coincidieron los especialistas, aunque tendría mayores aplicaciones en delitos de corrupción o cuello blanco.

    Recuadro
    - 'Lo que se ha presentado es ambiguo, liviano. Espero que sea para abrir el debate y que puedan participar expertos'. MARIO BRAVO Socio Estudio Bravo

    - 'En materia de prevención podría ahondarse en modelos de compliance. Podría proponerse que estos programas sean obligatorios'. MARÍA JOSÉ HENRÍQUEZ Socia Morales&Besa

    - 'Si el sistema de denunciante anónimo se junta con alguna recompensa, estaríamos en la punta de los mecanismos más avanzados'. JAIME BARAHONA Abogado Guerrero Olivos

    - 'Lo que sí falta es una mayor comprensión del sistema para lo cual es esencial que se socialicen los distintos tipos de prácticas colusivas'. ANA MARÍA MONTOYA Economista. Socia Butelmann y Asociados

    - 'Las penas que contempla la legislación son bastante elevadas y hasta la fecha no han sido aplicadas debido al escaso tiempo transcurrido desde su aprobación'.CAROLINA BAWLITZA Counsel DLA Piper

    - CASOS EMBLEMÁTICOS

    2008 Se inició l a investigación por colusión de las tres principales cadenas de farmacias.

    1/12/2011 La FNE denunció ante el TDLC a las tres principales empresas avícolas y su gremio por limitar y asignar cuotas de producción.

    2014 Se inició la investigación en el caso de la colusión del Tissue. CMPC pagó $7.000 a cada chileno mayor de 18 años como compensación.

    - Al debe. Para Mario Bravo, en el aspecto de consumidores, faltó darle un rol más protagónico a las asociaciones de consumidores, otorgándoles más facultades.

    - Cumplimiento. Para Bawlitza es clave que las organizaciones avancen en instalar una cultura del cumplimiento, tanto para prevenir ilícitos como para proteger las expectativas de la sociedad en general. Henríquez planteó que estos programas puedan ser obligatorios para sectores o por tamaño de empresa.

    - Cargas. Barahona comentó que cerca del 70% de la carga laboral de la FNE tiene relación con controles preventivos de fusiones, por lo que el refuerzo del organismo también debiera implicar una mayor dotación.

    - Multas 'sin tope'
    La actual legislación contempla multas que se calculan en porcentaje del beneficio recibido por la colusión o por las ventas realizadas.

    - Los cuestionamientos a la falta de condenas a penas de cárcel para delitos de 'cuello y corbata' forman parte del descontento social.
    Pie de pagina
    TAMARA FLORES-