SEÑOR DIRECTOR
El 22 de agosto se votó en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Pago a 30 días, en la que se deja afuera a quienes proveemos al Estado en las áreas de la salud y municipalidades, postergándonos por tres años las legítimas esperanzas de poder tener un trato digno con el Estado.

Esta iniciativa buscaba emparejar la cancha permitiendo asía las pymes sobrevivir ante las prácticas abusivas de pago, de grandes empresas y el Estado. Como representantes de una gran cantidad de pequeñas empresas que proveen a la salud pública de Chile con dispositivos médicos, contribuyendo con tecnología de punta, soporte técnico y fundamentalmente con esfuerzo de los más de 25.000 trabajadores de nuestra industria, expresamos con la mayor preocupación que esta ley nos discrimina en lo más profundo y aumenta tremendamente la desigualdad. Ahora el Estado negociará en el área de salud y municipalidades con ventajas inaceptables, ya que quienes somos sus proveedores tendremos que vender bajo una desfavorable incerteza en el pago y, por otra parte, abastecernos para cumplir, bajo la condición que nos obligaría esta ley, a 30 días.

Ya que este proyecto pasó a comisión Mixta, queremos llamar la atención a aquellos parlamentarios que promueven la igualdad de oportunidades, derechos y hablan de una sociedad más justa, que se involucren con sus ideas en esta ley y que -finalmente- se pueda aprobar con el espíritu con la que fue presentada en sus orígenes, que era crear condiciones iguales para todos los chilenos.