Los últimos dictámenes de la Contraloría General de la República, como el N°12.827, no sólo están invalidando permisos de edificación, sino que también están desconociendo la validez de los planes reguladores comunales junto a las resoluciones técnicas tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) como de las distintas Direcciones de Obras Municipales.

Esto a su vez, evidencia una fuerte incerteza jurídica que está enfrentando la actividad de la construcción en aspectos legales y administrativos, lo cual es preocupante desde varios aspectos. La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país. Según los indicadores de World Wide Governance del Banco Mundial, actualmente, constituye el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.

Por ello, dicha incertidumbre jurídica sólo contribuye a provocar decisiones contrarias a la inversión, a los puestos de trabajo, así como también al desarrollo social, entre otros. Resulta indispensable la proclamación de una agenda de trabajo público y privada que encuentre soluciones de cara a este escenario, para que así no existan cuestionamientos frente a proyectos que fueron aprobados a través de los mecanismos legales existentes y considerando la participación ciudadana que exige la ley.