"Esto es horrible". Así reaccionó Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados al ser consultado por las nuevas estrategias de abogados para captar clientes de isapres que hayan sufrido un alza en el precio de su plan de salud y así poder llevarlos a tribunales y quedarse con las costas del juicio. Según reveló "El Mercurio", los abogados están pagando hasta $40.000 para comprar las cartas de readecuación que envían anualmente las aseguradoras.

Entre 2010 y 2017 se han presentado 822.825 recursos de protección en las cortes de Apelaciones del país, lo que ha generado el pago de costas judiciales a los abogados litigantes contra la isapres por $90.886 millones.

"Esto es una doble mala práctica. Por un lado, está sobre todo límite ético, pero además se trata de una forma fraudulenta de captar clientes", dijo Alessandri.

Según el estudio de Altura Management -elaborado con información del Poder Judicial-, solo el año pasado hubo 20 abogados que se quedaron con más de $100 millones en costas judiciales cada uno. La lista la encabezan Sebastián Troya, con $411 millones; Carmen Gloria Luna, con $374 millones, y el estudio Aburto y Herrera, con un total de $329 millones.

No hay sanciones

"No existe ninguna regulación o sanción explícita, pues corresponde al ámbito ético de la profesión. Se trata de un límite ético impulsado por el Colegio de Abogados, que prohíbe que abogados fomenten mediante estrategias de márketing y mucho menos incentivos económicos las acciones judiciales y solo puede aplicarse una amonestación ética si se es miembro del colegio profesional", comenta Victoria Beaumont, gerenta general de Altura Management, consultora a cargo del informe.

El presidente del Colegio indica que sabían de la industria tras la judicialización del alza de precios en los planes de salud, pero no de los nuevos incentivos para captar clientes por medio del pago de dinero en efectivo. "Es horrible, no solo hay una solicitación, es decir, ofrecer al cliente que inicie un juicio, algo que está prohibido por nuestro código ético, sino que además lo hacen con un lucro evidente", sentenció.

Alessandri no descartó que esta semana acudan de oficio ante el Poder Judicial para que sancione a los abogados y prohíba esta práctica.

Desde el Poder Judicial respondieron la semana pasada a "El Mercurio" que "las costas en un proceso judicial no tienen una regulación en cuanto al monto, ya que es facultad de cada tribunal (cada Corte de Apelaciones en este caso) fijarlas, sin que haya un criterio general fijado por la Corte Suprema para el tema. Por eso hay diferencias entre las costas de los recursos de protección de cada Corte de Apelaciones del país, porque las 17 cortes son soberanas para fijarlas".