Chile podría ser el séptimo país del mundo —y el primero en vías de desarrollo— en imponerse por ley la obligación de ser 'carbono neutral' al año 2050. Esto significa que ese año, la economía nacional deberá ser capaz de absorber tanto dióxido de carbono (CO{-2}) como el que genera, de modo que su impacto medioambiental sea igual a cero.

La medida es el eje estructurante del anteproyecto de ley marco de cambio climático que trabaja el Ministerio del Medio Ambiente. La iniciativa será presentada el martes para que sea objeto de comentarios de la ciudadanía que permitan mejorarla. El proyecto final ingresaría a trámite en el Congreso en agosto o septiembre y la meta del Gobierno es lograr su aprobación en la antesala de la cumbre global de Naciones Unidas sobre cambio climático COP25, que se desarrollará en Santiago en diciembre.

Estrategia de largo plazo

En la actualidad, Chile emite más de 111 mil kilotoneladas de equivalente de CO{-2} a la atmósfera, principalmente por la generación y consumo de energía, tanto a nivel de industrias como residencial. Esta cifra ha mostrado una tendencia al alza desde la década de 1990. A cambio, su capacidad de absorber emisiones llega a poco más de 65 mil kilotoneladas de equivalente de CO{-2}, una cifra que se ha mantenido relativamente estable desde 1990 (ver gráficos).

La meta que busca imponerse el Gobierno es lograr equiparar ambas cifras en 2050, ya sea a través de un menor crecimiento o reducción de las emisiones actuales, como también de un incremento de la capacidad de absorber emisiones, para lo cual el factor clave a incentivar es la forestación del país.

El Acuerdo de París, elaborado en el marco de la COP21, fijó la meta de alcanzar la 'carbono neutralidad' global en la segunda mitad de este siglo, algo clave para evitar que la temperatura del planeta suba a niveles de riesgo. De aprobarse el proyecto, Chile podría ser de los primeros en cumplir su compromiso.

Para ello, el anteproyecto establece una serie de medidas. La primera es la obligación del Estado de desarrollar una Estrategia Climática de Largo Plazo, que debiera estar lista en 2020 (si la ley se aprueba este año), que se actualizará cada 10 años y que establecerá una serie de medidas para los diferentes ministerios involucrados.

Mitigación y adaptación

En concreto, dichas metas tienen que ver con dos principales objetivos.

En primer lugar, los ministerios de Energía, Transporte, Minería, Salud, Agricultura y Vivienda tendrán metas sectoriales en materia de mitigación; es decir, deberán generar medidas concretas para incentivar que sus respectivos sectores económicos vayan reduciendo sus emisiones. Los planes de mitigación se deberán actualizar cada cinco años.

En segundo lugar, la estrategia contempla la generación de once planes de adaptación, es decir, medidas concretas para hacerse cargo del impacto del cambio climático en diversas materias. El Ministerio de Medio Ambiente, deberá tener un plan de biodiversidad; Obras Públicas tendrá foco en recursos hídricos e infraestructura; Salud, Minería y Energía deberán contemplar planes en dichas áreas; Agricultura se enfocará en un plan de adaptación silvoagropecuario; Vivienda se enfocará en el impacto en Ciudades; Economía en el turismo, y Defensa en materia de borde costero.

En este ámbito, lo que hace el futuro proyecto de ley marco es no generar nueva institucionalidad, sino usar la existente y darle facultades y herramientas para reducir emisiones y prevenir los impactos del calentamiento global.

Herramientas financieras y urbanas

El anteproyecto también exige al Ministerio de Hacienda crear una Estrategia Nacional Financiera frente al cambio climático, que incluirá una evaluación del gasto climático anual público y privado, incentivos para que el Estado impulse inversiones que reduzcan emisiones y herramientas para la medición de riesgos derivados del fenómeno. Esta estrategia tendrá 10 años de vigencia y se revisará cada cinco.

Asimismo, se establece la obligación de incluir el cambio climático en instrumentos de planificación y ordenación territorial (como los planes reguladores), a través de una Evaluación Ambiental Estratégica.

Adicionalmente, crea un comité científico en cambio climático que asesorará al comité de ministros de sustentabilidad y ayudará a evaluar las estrategias y planes. También podrá sugerir al Presidente de la República que acelere la meta de reducción de emisiones, de ser posible.