Cifras récord muestra el VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile que elabora la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a partir de información provista por el Ministerio Público y la Corte Suprema. Según el documento, entre los años 2007 y 2019 se dictaron 167 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos, las que involucran un total de 368 personas naturales condenadas (260 hombres y 108 mujeres).

El año pasado se dictaron 49 fallos definitivos condenatorios (142 personas sancionadas), un 145% más que en 2018, siendo la mayor cifra en la historia del país. Ello, principalmente, por el caso Verde Austral (más conocido como el caso Carabineros) que sumó 20 sentencias, que involucran a 87 personas condenadas por lavado de activos producto del delito base de malversación de caudales públicos. Asimismo, en 2019 se registraron 20 condenas por blanqueo de activos con el delito base de tráfico de drogas (36 personas condenadas), cifra que también sería histórica.

Auge de la corrupción

La UAF precisa que el lavado de activos se origina en delitos llamados 'base, precedentes o determinantes', a través de los cuales los infractores obtienen recursos ilícitos, que requieren ser blanqueados o integrados al sistema económico formal para su utilización. En el período 2007-2019, los principales delitos base, en las sentencias condenatorias por blanqueo de fondos, fueron: 104 por tráfico de drogas, 41 por corrupción, 7 por contrabando, 6 por estafa, 5 por obtención fraudulenta de créditos y 8 por otros delitos. El informe revela que a partir de 2014 se observa un cambio en la composición de los delitos base, reduciéndose la participación de las sentencias condenatorias por lavado de activos asociadas al delito de tráfico de drogas. Así, de representar sobre el 80% de los delitos precedentes en los dictámenes condenatorios en los años previos a 2014, estas bajaron a cerca del 50% entre 2014 y 2018.

En ese lapso, las condenas asociadas a delitos base relacionados con la corrupción aumentaron su participación, hasta alcanzar un 46,9% en 2019 (versus 40,9% de las sentencias por el delito de tráfico de drogas). Las 167 sentencias por lavado de activos entre 2007-2019 se dictaron en nueve regiones del país, siendo la Metropolitana la que concentra el mayor número (124 condenas, que incluyen 299 personas condenadas), equivalente al 74,3% del total. Le siguen las regiones de Valparaíso (15 sentencias, 9,0% del total, y 28 personas condenadas); la de Tarapacá y la del Libertador Bernardo O'Higgins (7 sentencias cada una, 4,2% del total, 19 y 7 personas condenadas, respectivamente), y la del Biobío (5 sentencias, 3,0% del total, y 5 personas condenadas). Las 9 sentencias condenatorias restantes fueron dictadas en las regiones de Arica y Parinacota (3 sentencias, 3 personas condenadas), Coquimbo (3 sentencias, 3 personas condenadas), Maule (1 sentencia, 2 personas condenadas) y La Araucanía (2 sentencias, 2 personas condenadas).

El estudio de la UAF identifica los sectores económicos más utilizados por los lavadores. Dichos rubros fueron involucrados en operaciones comerciales o financieras en las que se usaron y/o transfirieron activos obtenidos de actividades ilícitas, con el fin de blanquearlos. De acuerdo al informe, los sectores económicos más vulnerados por los blanquedores de activos son las notarías y las automotoras, seguidos de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y las casas de cambio. Dentro de ese grupo, a través de testaferros (quienes prestan sus nombres para figurar como titulares en un negocio ajeno) las notarías, conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y bancos son los más vulnerados por los blanqueadores para ocultar el origen ilícito de recursos generados por delitos base. Por ejemplo, el testaferro es la figura más usada para la inscripción de bienes inmuebles, que es uno de los principales mecanismos para blanquear.