Mediante una indicación sustitutiva a la moción parlamentaria que suspende el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo mientras dure la pandemia, el Gobierno materializó su propuesta de postergación de créditos hipotecarios con garantía estatal por hasta seis meses.

Dicha fórmula es parte del plan Clase Media que hace unas semanas anunció el Ejecutivo para enfrentar la crisis.

El mecanismo de diferimiento de dividendos operará a través de la suscripción de otro crédito, llamado de postergación. Los acreedores podrán ser bancos, cooperativas de ahorro y crédito, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, acreedores de los mutuos otorgados por los mencionados agentes administradores y compañías de seguros.

Los créditos de postergación estarán exentos del pago de impuesto de timbres y estampillas. Las cuotas del crédito hipotecario que se pagan con el crédito de postergación incluyen los intereses, amortizaciones y seguros u otros gastos asociados al mismo.

Los nuevos préstamos no podrán tener una tasa de interés superior a la tasa del correspondiente crédito hipotecario.

Garantía estatal
Las obligaciones de los créditos hipotecarios y créditos de postergación se podrán garantizar, adicionalmente a la hipoteca, con una garantía estatal otorgada por el Fogape. El monto será definido por la vía administrativa.

Dicha garantía tendrá una vigencia de sesenta meses y solo podrá garantizar un monto máximo equivalente a seis cuotas del respectivo crédito hipotecario cuyas cuotas fueren pagadas con el crédito de postergación.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda podrá regular las características, plazos y condiciones del crédito de postergación. Asimismo, podrá normar la forma de funcionamiento del Fogape en relación con la garantía estatal, incluyendo materias tales como requisitos para obtenerla, los requisitos para ser beneficiario, considerando tanto deudores como acreedores hipotecarios, el financiamiento de la garantía, forma de otorgar la garantía, características y límites de la garantía, entre otros.

Cuando se anunció la medida el 13 de julio, el Gobierno precisó que la garantía cubriría a primeras viviendas por un valor de hasta 10.000 UF (más de 5.000 UF en avalúo fiscal), lo que representa cerca de un 90% de las primeras viviendas. Para acceder al beneficio los clientes deberían tener una mora en el pago del dividendo no superior a 29 días.

También se dijo que podrían acceder los jefes o jefas de hogar que pudieran demostrar una caída significativa de sus ingresos. Ello incluía a trabajadores desempleados o suspendidos que recibieran beneficios del Fondo Solidario de Cesantía, como también a independientes que pudieran demostrar una caída de ingresos.

El Ejecutivo estimó que el monto de los créditos postergados alcanzaría en torno a los US$ 650 millones.

La norma estará vigente por un plazo de sesenta y dos meses. Los contratos de crédito de postergación solo podrán celebrarse dentro del plazo de dos meses contados desde la entrada en vigencia de la ley.