Si hay alguien que sabe de quiebras y reestructuraciones en Chile, es el abogado Nelson Contador, por cuyo estudio -Nelson Contador & Cía.- han pasado quizá las más grandes y mediáticas empresas aproblemadas por liquidez en los últimos años. En los últimos meses vio la reestructuración financiera de la Constructora Astaldi, la vitivinícola Urcelay Hnos. y Comercial Chacao, entre otras. Y en el pasado, la de La Polar, en dos ocasiones, en 1998 y 2011, y una seguidilla de casos de convenios o peticiones de quiebras pasaron por sus manos (Masvida, Marbella, Textiles Pollak, entre muchas).

Con esa experiencia al hombro, está preocupado. Para graficar los riesgos que ve en materia de empleo, cuenta que tras el estallido social ha atendido a cerca de 12 empresas entre noviembre y lo que va de diciembre, en circunstancias de que en un mes normal llegaban solo dos o tres casos.

'Efectivamente, estas últimas semanas se ha requerido la asistencia profesional de nuestro estudio, de un número no menor de empresas que se han visto muy afectadas con la crisis económica derivada del estallido social. Ha aumentado en cuatro veces respecto de lo normal. Llaman todos los días', explica.

Hace ver que quienes han llegado son grandes y medianas compañías -de 200 a 300 trabajadores-, principalmente del sector comercio y gastronómico. Las empresas pequeñas, aclara, no acuden a pedir ayuda profesional para una reestructuración o liquidación, sino que simplemente cierran, dejan de operar. 'No recurren a asesorías jurídicas especializadas para salir de su crisis, simplemente cierran en términos informales o son salvadas por el Estado mediante los programas de ayuda, que se están implementando'.

En cuanto al giro de las empresas que les han requerido intervenir, mayormente son del retail y cadenas de restaurantes, 'cuyas ventas han bajado en más del 40%, los que, sumado a la sostenida baja que ya sufría el sector antes del conflicto social, presentan serios problemas de liquidez'.

-¿Estas empresas qué piden?
'Efectivamente quieren quebrar. La mitad dice: ‘No perdamos el tiempo en reestructurar, la quiebra altiro, acá están las llaves’. Vienen golpeados. Su administración se encuentra agotada. Ante esta natural reacción, redoblamos nuestros esfuerzos para entregarles fórmulas de salidas que no signifiquen quebrar. No podemos seguir aumentando las cifras de cesantía, porque el derecho humano de vivir una vida digna y trabajando en paz ninguna ONG u organismo internacional lo protege'.

-¿Qué fórmulas están utilizando para evitar la quiebra de estas empresas?
'En primer término, hemos logrado que los bancos nos otorguen moratorias de 180 días, para luego presentar el plan de negocios que comprenda una reestructuración de sus pasivos, sustentada en flujos, donde aislamos este período de crisis, porque estos no son números reales para conocer el historial de ventas de una compañía. En paralelo, buscamos financiamiento para capital de trabajo. La idea es mantener viva la unidad productiva'.

Contador detalla que en las condiciones actuales del país no se puede abrir un proceso de reestructuración seria de inmediato, porque estos procesos requieren presentar un plan concreto a los acreedores, con cierto marco de certidumbre respecto, por ejemplo, de período de gracia, tasa de interés, impacto del dólar en los flujos, proyecciones de ventas, ventas de activos y con qué valores estimados. Es decir, todas variables que hoy están afectadas por alta volatilidad. 'Lo recomendable es esperar', dice.

Agrega que la reacción de los bancos ha sido extraordinariamente positiva. 'En plena crisis, los socios deben mantenerse unidos, porque a ninguno le sirve una liquidación o quiebra: uno pierde su empresa y el otro, su posibilidad de cobrar sus créditos; y el que más sufre es el trabajador que pierde su empleo'.

-¿Qué medidas regulatorias o reformas legales se requerirían adoptar para que la crisis no se agrave más?
'Conjuntamente con las muy buenas medidas de apoyo que Corfo y el Banco del Estado están dando a las pymes, se tiene que impartir una instrucción inmediata a los servicios y empresas del Estado, para que paguen las facturas a sus contratistas en 15 días. Voluntariamente, las grandes empresas privadas deben hacer lo propio. Y con urgencia se debe modificar la norma que regula las anotaciones de morosidad en Dicom y registros bancarios, para que durante 120 días se supriman los registros de morosidad que se hayan generado en los últimos 40 días de todas las empresas. No se trata de una condonación o perdonazo, sino simplemente de una no publicación, porque esta medida de publicidad impide que las empresas puedan continuar operando con los factorings del sistema financiero regulado'.

Contador explica que por norma los factorings bancarios están impedidos de recibir clientes que estén en Dicom. Por tanto, si esto se cambia mediante una ley corta, el factoring podría aceptarlo.

-¿Habría riesgo de acrecentar el no pago?
'No, porque el factoring igual va a estudiar la factura, pero sin la restricción, la barrera de entrada normativa al interior del banco. Es una medida chica, pero tendría un efecto tremendo para generar liquidez, que es lo que necesita el país. Se señala que hay que proteger a las pymes, porque son las que más generan empleo. Eso es correcto, pero también hay que proteger a las medianas y grandes empresas, porque les dan vida a las pymes'.