Chile ocupa el segundo lugar de las naciones de la OECD en cuanto a la tasa de encarcelamiento (266 presos por 100 mil habitantes). El alto porcentaje de reincidencia, ha promovido la investigación sobre esta materia. Sin embargo, la evidencia en Chile es prácticamente nula, sobre todo en el caso de mujeres privadas de libertad. En este contexto surge una propuesta, del Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC, Fundación San Carlos de Maipo y Fundación de Colunga, para explorar la reinserción femenina.
Las mujeres privadas de libertad alcanzan apenas el 10% de la población total. Su paso por la cárcel tiene costos sociales enormes, muchos de los cuales se extienden a sus familias y a sus hijos. Las mujeres han sido olvidadas, y se asume, que la evidencia aportada por estudios con población masculina es extrapolable a las mujeres que delinquen.
El presente estudio está aún en proceso, no obstante existen resultados preliminares de la primera ola de entrevistas (previo a la salida), los cuales muestran tendencias. Se observan en términos generales dos perfiles de mujeres. Por un lado, jóvenes condenadas a penas de unos 61 días, generalmente por hurto. Estas tienden a manifestar mayores problemas por consumo de drogas y expresan un sentido de identidad más vinculado al delito.

También están las mujeres adultas condenadas por delitos de la ley de drogas, que declaran menor involucramiento delictual y más tardío, y que por lo general no se reflejan en aspectos identitarios relacionados con 'ser delincuente'. Un patrón común de ambos grupos es la vulnerabilidad.

Lo anterior se expresa sobre todo en la victimización cuando fueron menores de edad, con un 62% que reporta algún tipo de maltrato en la infancia, como negligencia parental, agresión física o verbal, o abuso sexual. Además, un 71% que declara haber sido víctima de algún tipo de agresión física, verbal o sexual de parte de sus parejas o convivientes.

Llama la atención que la gran mayoría manifiesta sentirse apoyada durante su privación de libertad. Un 87.6% de las mujeres declaró haber recibido visitas y la mayoría señala que ha tenido apoyo material (le han traído comida, ropa o bienes de aseo) y emocional. La mayoría expresa que su familia la ha escuchado y la han hecho sentir querida y esperada.

En cuanto al acceso a la oferta programática, se observa cierta inequidad en cuanto a la duración de la condena, siendo casi nula la oferta para mujeres de condenas cortas. La Directora Ejecutiva del Programa de Estudios Sociales del Delito UC, Catalina Droppelmann, manifiesta que 'esto es complejo, ya que son ellas quienes probablemente requieren un mayor acceso a programas para intervenir aspectos ligados a su compromiso delictual y romper el ciclo de reincidencia'.

Otro aspecto desafiante es la precariedad laboral y el bajo o casi nulo acceso al mercado formal. Si bien un 69,3% de las mujeres declara haber trabajado alguna vez en su vida remunerada y legalmente, ese empleo ha sido mayoritariamente precario y de hecho, sólo un 15.6% de ellas declara haber estado trabajando en el momento previo a su privación de libertad.

Marcelo Sánchez A., gerente de Fundación San Carlos de Maipo señala que 'es necesario avanzar en facilitar los procesos de inserción social y laboral, con especial atención en reducir obstáculos como lo es el proceso para la omisión y eliminación de antecedentes, decreto 409, y otros cuerpos legales, que en la práctica se transforman en una condena accesoria. Debemos comprender que en la medida que generamos mejores condiciones para obtener un trabajo o reunificar una familia hacemos posible no sólo la reinserción efectiva, sino que reducimos aquéllos factores de riesgo a la base de la transmisión intergeneracional del delito.'

'Las intervenciones sociales en realidades de alta complejidad requieren de aproximaciones y herramientas que les permitan mirar sus desafíos en sus diferentes aristas, y así acercarse a sus beneficiarios de forma más efectiva. En Colunga quisimos participar de este estudio, porque nos damos cuenta de que existe una asociación directa entre pobreza y exclusión y los circuitos de privación de libertad (…). Entender los procesos de reinserción de las mujeres privadas de libertad es clave para diseñar respuestas efectivas a este problema social que nos afecta a todos', asegura por su parte Arturo Celedón, director de Desarrollo de Fundación Colunga.

Por otro lado, el estudio abordó la temática del uso de drogas, y arrojó que el consumo tiende a concentrarse en mujeres más jóvenes. La marihuana, la cocaína y la pasta base tienden a tener menor prevalencia en mujeres con condenas de 541 días. La droga más consumida es la marihuana, seguida por la pasta base. Un 32% declara haber consumido cocaína y pasta base en el último año, un 11% presenta síntomas de abuso y un 29% problemas de dependencia.

El debate en torno a la prisión femenina no puede dejar de considerar la maternidad. Cuando una madre cumple una condena ocurren circunstancias que muchas veces conducen a la fragilización de la familia sobretodo en relación al cuidado cotidiano de los hijos. Un 89% de las mujeres del estudio son madres, con un promedio de casi tres hijos por mujer y con un 80% de ellas con un hijo menor de edad. Sólo un 25% declara que al menos uno de sus hijos vive con el padre biológico y un 45% que al menos uno de ellos vive con sus abuelos maternos.

Al respecto, la investigadora principal del proyecto Pilar Larroulet, expresa que 'el tema de la maternidad también es relevante en términos de reinserción, donde la literatura apunta a la doble carga que sufre la mujer que egresa, que no solo debe hacerse cargo de sí misma y su proceso de abandono delictual, sino que además debe asumir rápidamente su rol de jefa de hogar aportando económica y emocionalmente al desarrollo de sus hijos y otros familiares dependientes'.

La importancia de que el Estado sea capaz de visibilizar estos distintos perfiles que componen la población penal femenina radica no solamente en la necesidad de articular una oferta programática diferenciada según el tiempo de condena, sino sobre todo en visualizar distintas necesidades. La coordinadora de la investigación en terreno, Ana Figueroa, señala que 'debe existir una mirada diversificada con enfoque de género, de lo contrario, se seguirá perpetuando un modelo que tiende a favorecer la intervención de mujeres que tienen condenas más altas, mejor conducta al interior de la unidad, menores índices de reincidencia y, por lo tanto, mayores oportunidades para reinsertarse en la sociedad'.