En las últimas décadas Chile ha experimentado importantes avances en materia de cobertura y acceso al sistema de educación superior, siendo el actual modelo de financiamiento uno de los factores que inciden en el proceso de movilidad social alcanzado en el país. Esta es una de las principales conclusiones que emanan del estudio "Impacto social a partir de una política de financiamiento mixto en educación superior, el caso de Chile", elaborado por la Universidad Bernardo O'Higgins, para indagar en las razones que explican el éxito de las políticas públicas en educación superior impulsadas desde 1990 hasta la fecha. Así, de acuerdo a este análisis, resulta imposible explicar ese efecto sin la aplicación de una política de subsidio a la demanda, como un componente central del sistema. Sin duda, la expansión de la globalización no ha garantizado el progreso económico y social en materia de igualdad y equidad; al contrario, ha visibilizado, aún más, las grietas de nuestro sistema educativo, dejando entrever las brechas existentes entre el nivel de calidad de vida de las personas y sus posibilidades. Por esa razón, implementar un mecanismo de financiamiento mixto, estatal y privado, junto a la correcta aplicación de subsidios a la oferta y la demanda, generaron resultados paradigmáticos.

El estudio, además, revela de manera nítida que la cobertura neta en educación superior creció 7,32 veces en el primer quintil desde el año 1990, y solo 1,82 veces en el quintil de mayores recursos. A la vez, se aprecia un punto de inflexión desde el año 2003 en adelante, ya que, el primer quintil aumentó en este rango en un 44% con respecto al año anterior, presentando un aumento en los años siguientes superior al 20 % anual. Dicho esfuerzo alcanza una maduración evidente en 2015, con tasas por sobre el 34,2% y 41,2% en cada uno de los segmentos analizados.

Pero, aumentar la cobertura no sólo tiene efectos directos en el acceso a servicios que antes estaban sólo restringidos a las élites. Esto, porque de manera coincidente con el periodo examinado, y al analizar los resultados que se desprenden del Coeficiente de desigualdad de Gini, se confirma de manera una reducción y tendencial de la desigualdad en la educación superior de nuestro país. Más allá de las cifras y de cualquier tipo de análisis, este estudio refleja de manera fehaciente, los históricos niveles de equidad que como nación hemos alcanzado en una de las áreas más sensibles de nuestro desarrollo. Creemos que la aplicación de políticas que promuevan la libertad de enseñanza seguirán profundizando este avance y permitirán a Chile consolidar lo que antes sólo parecía un anhelo: que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior, sin importar el bolsillo o el origen de sus familias.