La judicialización de los planes de isapre es un fenómeno que se arrastra por años y que no acaba; por el contrario, sigue creciendo.

Cada vez que las aseguradoras anuncian alzas del precio son miles los cotizantes que presentan recursos de protección para frenar el aumento por considerarlo injustificado.

Estos recursos suelen ser acogidos por las cortes de Apelaciones y las isapres deben pagar las costas, que solo este semestre superaron los $18.500 millones. Este gasto, luego, es una de las razones que da el sector privado para subir sus valores al año siguiente.

Y si bien el Ministerio de Salud presentará hoy las indicaciones que reactivarán la tramitación del proyecto de ley de reforma a las isapres —que, entre otros, busca solucionar este problema—, Gonzalo Simón, vocero de la Asociación de Isapres, advierte que 'la mantención de esta situación sin ninguna modificación, tal como viene sucediendo, puede llevar a una extrema estrechez financiera del sistema'.

Los recursos de protección presentados durante el primer semestre de este año para frenar las alzas de precio alcanzaron la histórica cifra de 99.690, 35,2% más que en igual período de 2018, según un análisis de la consultora en salud Altura Management. Si se mantiene esta tendencia, los recursos este año podrían llegar a 208.400, un 43,4% más que el año pasado.

Pedro Barría, abogado salubrista, dice que 'el problema de fondo ha sido que se estableció un sistema de reajuste que las aseguradoras aplican sin control de nadie'. Esto, afirma, fue generando una actitud de absoluta desconfianza de las motivaciones de las alzas por parte de los afiliados al sector privado.

El expresidente de la Asociación de Isapres Rafael Caviedes dice que 'la judicialización debe ser resuelta a la brevedad, ya que los gastos ponen en constante tensión al sistema'.

Dar transparencia

Los recursos de protección presentados el primer semestre de este año corresponden, principalmente, a las alzas de precio informadas por las isapres en marzo de 2018. Todavía no impacta mayormente el reajuste dado a conocer este año en la misma fecha —el mayor en ocho años—, pues recién se comenzó a aplicar este mes. Tampoco se incluye en estas cifras el efecto que podría tener una eventual alza en las primas AUGE por la inclusión de nuevos males.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirma que este problema se resolverá con la creación del IPC de la salud, un índice referencial que cuantificará las alzas de los costos del sector cada año y que está considerado en la reforma en tramitación. Así, cuando exista una adecuación de precios, las cortes podrán determinar si el alza se ajusta al IPC.

'Se generan los argumentos técnicos suficientes para argumentar que una alza fue adecuada o que no tiene razones técnicas para ocurrir', dice el secretario de Estado.

Añade que es fundamental terminar con la judicialización, ya que calcula que hasta este momento se deben haber pagado US$ 10,5 millones por esta materia. 'Este precio lo pagan los asegurados que no judicializan porque el costo de los recursos se sube a la prima y se usa como cálculo para ajustar el plan base', dice Mañalich.

Manuel Inostroza, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián, dice que 'de no eliminarse todo viso de discriminación por sexo y edad del sistema, las cortes van a seguir pronunciándose en contra de las alzas de las aseguradoras'.

Por su parte, Barría señala que 'si bien IPC de la salud puede ayudar, no es la panacea; aquí tiene que haber un esfuerzo de todas las entidades involucradas por restablecer las confianzas con un sistema transparente'.