Señora Directora: Es posible prever que la crisis económica generada por el Covid-19 incremente la ocurrencia de los fraudes y robos. El año pasado el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra una ex funcionaria del Servicio de Registro Civil por falsificar cédulas de identidad y pasaportes con todos los sellos y resguardos de uno verdadero, a cambio de dinero.

Estos documentos han sido usados para realizar fraudes, en los cuales los delincuentes han firmado escrituras públicas y vendido propiedades ajenas haciéndose pasar por los dueños. Esto se podría evitar si la ley exigiera a los notarios utilizar métodos biométricos de identificación como la huella dactilar. Lo más preocupante es que el proyecto de ley que 'Modifica régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial y registral', aprobado por la Cámara de Diputados en enero de este año y que actualmente se discute en el Senado, no hace ninguna referencia a la obligación de utilizar herramientas tecnológicas que aseguren la identificación de los comparecientes en las notarías.

Hoy más que nunca es necesario que se hagan indicaciones al proyecto de ley en este sentido para resguardar adecuadamente la fe pública y ponerle freno a los estafadores.