El Parlamento israelí aprobó la polémica ley que establece a Israel como el 'Estado Nación del pueblo judío' y le reserva a éste, con prescindencia de otros ciudadanos, el derecho a la autodeterminación. Además, proclama al hebreo como la única lengua oficial, relegando al árabe. La anexión de Jerusalén, cuyo estatus internacional está sujeto a negociaciones, fue ratificada proclamándola 'total y unificada' como la capital de Israel.

Hasta hoy, con la excepción de Estados Unidos y pocos gobiernos, la casi totalidad de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv. Violando acuerdos contraídos, uno de los artículos apunta a que el Estado se compromete con 'el desarrollo de asentamientos judíos' a los cuales debe estimular y consolidar considerándolos de 'interés nacional'. La implantación de asentamientos en territorios ocupados ha sido un objetivo estratégico de los últimos gobiernos israelíes. Ello pese a las múltiples condenas internacionales en las que también ha participado Washington. En definitiva, la controvertida ley fue aprobada por un margen relativamente estrecho: 62 votos contra 55.

La nueva legislación encontró viva resistencia por parte de importantes sectores de la población israelí. Reuven Rivlin, el presidente de la república cuya posición es más bien simbólica, advirtió al inicio del debate sobre 'el daño que podría causar al pueblo judío en la diáspora y en Israel'. Jeremy Ben-Ami , de la organización J Street de judíos progresistas de Estados Unidos, señaló : 'Hace dos meses celebramos 70 años de la Declaración de la Independencia de Israel, en ella está escrito que el Estado de Israel asegurará la completa igualdad social y los derechos políticos de todos sus habitantes sin importar su religión, raza o género. Hoy el gobierno de Netanyahu trata de ignorar estas palabras y los valores que representan'.

En una primera reacción, los diputados de la Lista Conjunta Árabe salieron del Parlamento israelí luego de romper en pedazos el texto de la cuestionada ley, al grito de 'apartheid', evocando el régimen de segregación a que fueron sometidos los negros bajo los gobiernos supremacistas blancos en Sudáfrica. El diputado palestino-israelí Ayman Odeh, enarboló una bandera negra para indicar lo que a su juicio simboliza el duelo por la democracia israelí.

Para un millón 800 mil árabes israelíes, alrededor del 20 por ciento de la población, nada cambiará de inmediato. La ley no hace más que poner por escrito lo que ya ocurre en la práctica. Pero la institucionalización, con toda probabilidad, incentivará nuevas demandas tendientes a segregar a las comunidades en perjuicio de los árabes. Para los palestinos se abre una interrogante existencial: durante décadas han luchado por la creación de un estado independiente. Esta vía ha sido obstaculizada y desechada por Israel. Ahora también es claro que la coexistencia al interior de un Estado se tornará aún más difícil. Al menos mientras rija la ley recién aprobada. El panorama del conflicto israelo-palestino es oscuro.