El pasado domingo 3 de febrero comenzó a regir la segunda etapa de la Ley 21.100, que prohibe la entrega de bolsas plásticas por parte de las grandes empresas de comercio, como supermercados y tiendas del retail, por lo que cada consumidor debe saber en qué contenedor se llevará sus compras, a menos que se entreguen bolsas de papel o algún material sustentable.

Por norma, la restricción había sido aplicada de manera progresiva, con el fin de fomentar el cambio de hábitos en la comunidad, especialmente en quienes se resisten a la idea de que tener que portar su propia bolsa reutilizable cada vez que vaya a comprar.

De hecho, en el caso de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, como los tradicionales almacenes de barrio, se dio un plazo de dos años, contados desde el 20 de julio de 2018, en el que deberán entregar un máximo de dos bolsas por compra. Pero transcurrido ese lapso también estarán sujetos a la prohibición total de estos elementos.

Pese a las críticas sobre la entrega o no de bolsas gratuitas por parte de las grandes empresas de comercio o, por otro lado, la percepción de que el paso dado por el país es decisivo al momento de proteger al medio ambiente, la cierto es que esta ley, conocida también como "Chao Bolsas", es sólo el punto de partida para ampliar la restricción del plástico en el uso diario, especialmente en embalajes de alimentos de bajo volumen, como sucede con frutas y verduras en supermercados.

Todo esto, porque no se pueden soslayar los abultados datos respecto del daño que provoca este material al medioambiente.

La contaminación plástica amenaza a Chile y al mundo, ocasionando daños irreparables para los ecosistemas marinos y terrestres. Cada año, 8 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos plásticos terminan en el océano, causando lesiones y la muerte de peces, tortugas marinas, ballenas, aves, y afectando arrecifes de coral y muchas otras especies.

Desde la creación del primer plástico sintético, se estima que ya hay cerca de 150 millones de toneladas métricas en los océanos. Esto se debe principalmente a que este problema se ignoró durante décadas, sin que se abordara la real importancia del daño que se estaba provocando.

Es por esto que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) lanzó la semana recién pasada un llamado a nivel global denominado "Basta de plásticos en el mar", el cual persigue lograr un acuerdo vinculante que ponga fin al plástico en los mares para 2030.

El primer hito de esta campaña será la entrega de las firmas en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se realizará en marzo en Nairobi, Kenia.

La organización está pidiendo que se establezcan metas estric tas para la reducción de la contaminación por plástico en cada Estado miembro de la ONU y que se creen planes de acción nacionales para alcanzar estos objetivos.

En efecto, en todo este proceso, el rol de todos los niveles de gobierno -desde el central a las municipalidades- es fundamental. Afortunadamente, a nivel local incluso algunas comunas fueron pioneras en el establecimiento de este tipo de medidas.

Ahora, con la puesta en marcha de la ley, los municipios tienen el deber de continuar sumando pequeños pasos a este punto de partida dado a nivel nacional.

Por ejemplo, se puede apostar al establecimiento de planes comunales que se alineen con los objetivos nacionales y globales en la materia, que podrían contemplar, entre otros, la educación ambiental para los vecinos, la instalación o aumento de puntos limpios y la entrega de composteras para realizar un reciclaje integral.