Señor Director:

Concuerdo y celebro el espíritu de la nueva Ley de Identidad de Género; sin embargo, me parece que los liberales no nos hemos hecho cargo de una serie de argumentos relevantes en este debate.

Si entendemos que hay diversas formas de vivir la libertad y que las personas deben ser tratadas de acuerdo al género en que organizan sus vivencias, ¿por qué no podría, por ejemplo, aplicarse lo mismo a personas que buscan vivir su libertad y organizar sus vivencias con una edad distinta a la que poseen?

Si un adulto de 50 años sostiene que es menor de edad o que tiene 18 años y organiza sus vivencias e interacciones subjetivas de esa forma, ¿cuál sería la razón, bajo el mismo argumento liberal hasta ahora presentado, para no permitirle cambiar su edad en el Registro Civil? La transedad es algo que existe, y como en el caso del género, reconocerla tampoco generaría daño directo a terceros, aunque sí otro tipo de efectos.

También hay casos de transetnicidad, en los que las personas se identifican y organizan su vida en función de una etnia distinta a aquella que biológicamente heredaron.

¿Aceptaríamos los liberales, por ejemplo, que una persona de origen caucásico se identificara como indígena para todos los efectos legales y sociales? La lógica presentada hasta ahora sugiere que sí, pues como en el caso del género y la edad, este presentaría una forma distinta de vivir la libertad que no implicaría un daño a terceros y que el Estado, dado que debe ser neutral, es decir, tratar a las personas con base en sus actos voluntarios y no meramente en sus cualidades adscritas, se vería obligado a reconocer. ¿Y qué ocurre, en este contexto, con los casos de identidad fluida? ¿O debemos asumir que la identidad, sea esta trans o no, es una cuestión totalmente fija, poniendo, ahora sí, una restricción de hierro a la autonomía?

Otras preguntas tienen que ver con aquellas áreas de la vida en comunidad, en las que precisamente son las cualidades adscritas las que en buena medida determinan la posibilidad de un ejercicio razonable de la libertad individual, como ocurre en el caso de las competencias deportivas. Sin duda, en un gran número de disciplinas la biología masculina posee ventajas por sobre la femenina, lo que implica potencialmente un perjuicio para las mujeres no trans que han hecho del deporte —un juego de suma cero por definición— una opción de vida. ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Diríamos que excluir a una mujer trans de una competencia femenina de levantamiento de pesas, atletismo o boxeo, por ejemplo, sería discriminación arbitraria? ¿O simplemente asumimos que el dilema no existe? Entre muchas otras, estas son preguntas interesantes a las que, me parece, los liberales aún no hemos dado buenas respuestas. AXEL KAISER