América Latina es la región del mundo donde la gente se siente más insegura. Más del 47% cree que la policía es corrupta y más del 39% no confía en el poder judicial. Esto ha generado demandas altamente punitivas por parte de los ciudadanos, quienes creen que la mejor solución para la delincuencia es endurecer las penas. Las campañas electorales se han basado en esta retórica, promoviendo la denominada mano dura que ha desencadenado un aumento expansivo de las tasas de encarcelamiento. Las cárceles en América Latina, no sólo concentran a las personas más desfavorecidas, sino que reproducen la exclusión social y la desigualdad a través de sus degradantes condiciones y prácticas.

Muchas prisiones en la región no proporcionan acceso a servicios básicos. En varias prisiones de Brasil los reclusos tienen un espacio menor a un metro cuadrado por persona y sólo alrededor del 50% tiene acceso a una cama. Estas condiciones precarias, junto con desnutrición y falta de acceso a servicios médicos, han dado lugar a una alta prevalencia de enfermedades de salud. En el caso de Pernambuco, la prevalencia de VIH es 42 veces mayor que la población general y la de tuberculosis es 100 veces mayor. Además, la cultura carcelaria, reproduce las jerarquías sociales que prevalecen en las sociedades desiguales, accediendo los reclusos de manera disímil a los servicios penitenciarios debido a la corrupción y falta de control. En Chile la situación no es mejor que en varios países de la región. Ocupamos el décimo lugar respecto de los países de América Latina con una tasa de 236 reclusos cada 100.000 habitantes y el acceso a programas de reinserción es muy bajo, sólo 10% de la población encarcelada recibió capacitación en 2016.

Sin embargo, existe hoy en América Latina un gran ejemplo a seguir, un proyecto de construcción de cárceles de alto estándar desarrollado en Costa Rica con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas, han sido diseñadas poniendo como eje principal la integración social y los derechos humanos. Mientras las cárceles tradicionales utilizan en promedio 70% de su espacio para el alojamiento, éstas utilizan sólo 34%, ya que la mayor parte del espacio lo destinan a la capacitación, las visitas y el trabajo (47%). Se utiliza la seguridad dinámica basada en el diálogo, sin celdas de aislamiento y con tele-vigilancia que minimiza la presencia de guardias. Los penados circulan libremente por el recinto y prácticamente no hay riñas ni incidentes. Son costo efectivas, su costo de construcción aproximado es de 30 mil dólares por interno, mientras que el costo en España o México supera a los 100 mil dólares.

Esto ocurre porque Costa Rica ha decidido llevar a la cárcel aquellos mecanismos de protección social que afuera fallaron. Es de esperar, que tanto Chile como otros países de la región repliquen esta experiencia.