Señor Director:

En edición del 15 de junio, 'La Segunda' publicó un artículo sobre las 'aguas sucias de Santiago', cuyo tema es la controversia por la pretensión de Aguas Andinas de comercializar como propias las aguas servidas tratadas en sus plantas de tratamiento El Trebal y La Farfana.

El problema es que no existe en la normativa del Código de Aguas y Servicios Sanitarios una norma que reconozca a las concesionarias de servicios sanitarios de disposición, la propiedad de las aguas tratadas. Por el contrario, se ha negado la existencia de tal derecho y la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Contraloría General de la República han sido claras y tajantes en establecerlo. Se plantea, además, que 600 millones de m3 de aguas tratadas que produce Santiago se destinarían al riego de parques, lo que requiere una inversión que Aguas Andinas está dispuesta a hacer. Sin perjuicio de estimar improcedente invertir para disponer de aguas cuyo dominio no les corresponde, y la importancia de la priorización del uso del recurso en un escenario de sequía, estas aguas deberían tener un destino aprovechable en actividades productivas como la agrícola.

Ello tomando en cuenta que en la Región Metropolitana gran parte de los campos están dedicados al cultivo de verduras y hortalizas, por lo que la eventual falta de agua el día de mañana acarreará problemas en el abastecimiento de estos productos de consumo masivo de nuestra población.

No compartimos que sean las empresas concesionarias las que dispongan que harán o no con las aguas tratadas, en circunstancia que ello corresponde a las autoridades respectivas en cumplimiento de las normas legales vigentes.