Muy atentos a los pasos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentran laboratorios, clínicas, isapres y farmacias. A finales del pasado mes de junio, el órgano antimonopolio anunció que requeriría más tiempo para analizar la gran cantidad de antecedentes recibidos en el marco del estudio de mercado que busca conocer las distorsiones en los precios de los medicamentos en Chile. Por lo mismo, el informe -que sería publicado entre los meses de julio y agosto del presente año- finalmente será entregado durante noviembre.

El trabajo de la FNE resulta vital para que el Ejecutivo posteriormente realice una revisión de sus políticas de compras de medicamentos y efectúe eventuales reformas al sector que apunten a aumentar la competencia del mercado. A modo de ejemplo: a inicios de año, el Observatorio Internacional de precios de medicamentos –que puso en marcha el Ministerio de Salud junto a Cenabast– reveló que el Estado de Chile compra medicamentos a los grandes laboratorios extranjeros en precios hasta 24 veces más caros.

A cargo de liderar la investigación se encuentra el abogado Sebastián Castro (38), Jefe de la División de Estudios de la FNE, quien tiene de cabeza a su equipo en la revisión de la numerosa documentación recibida. Es un equipo joven compuesto por dos abogados y cuatro economistas, los cuales cuentan con amplia experiencia laboral. A ellos se suman dos asesores externos que prestan colaboración directa a la fiscalía.

Se trata de Claudio Lucarelli, profesor de Wharton School of Business, Universidad de Pensilvania, Estados Unidos y Claudio Agostini, Doctorado en Economía University of Michigan, quien a su vez anteriormente asesoró a la fiscalía en el Estudio de Mercado sobre Notarios.

La FNE señaló a La Tercera PM que 'la cantidad de información recopilada a la fecha es al menos 10 veces superior a la cantidad que se obtuvo en el estudio de mercado de rentas vitalicias'.

¿Cuántas y quiénes han sido las entidades requeridas? El listado es amplio y abarca todo el mercado de la producción de medicamentos, que va desde aquellos laboratorios que fabrican e importan a aquellos que cuentan con productos innovadores y genéricos. Igualmente la fiscalía ha puesto ojo en toda la cadena de intermediación mayorista -integrada principalmente por droguerías- y la salida al consumidor final a través de farmacias, hospitales públicos y clínicas privadas. La entidad persecutoria también se encuentra estudiando los seguros y cómo interactúan las isapres con el seguro de garantía explícita de salud (GES).

En definitiva, la idea es saber cómo compran medicamentos diversas entidades, como el Estado, hospitales, servicio de salud y municipalidades. Según trascendió, la FNE también ha requerido a los propios doctores y los visitadores médicos. Las mismas fuentes consultadas señalaron que la fiscalía ha oficiado a diversos actores del mercado de medicamentos, como laboratorios, droguerías, isapres, instituciones públicas y privadas de salud y la gran mayoría ha respondido vía escrita o por medio de reuniones en dependencias de la propia fiscalía. No obstante, la entidad persecutoria declinó a revelar el número de requerimientos planteados.

Según trascendió, la FNE busca conocer la trazabilidad de los medicamentos que son vendidos en Chile. El objetivo concreto es conocer en qué parte de la cadena –desde su origen hasta el comprador final- se producen las distorsiones que alteran los precios y cuál es su explicación a fin de solucionarlo.
¿Dónde están las distorsiones?

Para Jean-Jacques Duhart, Vicepresidente Ejecutivo Prolmed, gremio que reúne a los mayores laboratorios con producción en Chile, 'las principales distorsiones se producen, más bien, a nivel de precio al público (cadenas de farmacias), donde diversos estudios muestran altos márgenes aplicados por las cadenas, amparados en la elevada concentración que muestra la comercialización y distribución de fármacos en Chile, según lo ha destacado la propia FNE. Márgenes que, en el caso de las farmacias independientes, son mucho menores'.

A su vez, Cruz Verde -primer actor del mercado de las farmacias- manifestó que 'los laboratorios fijan los precios de salida en función del producto geográfico bruto y otras variables de mercado de cada país. Eso sólo lo controlan ellos y no las farmacias'.

'Por otro lado, los laboratorios venden el mismo medicamento a las farmacias privadas 1.000 veces más caros que la Cenabast. Muy distinto sería si nos vendieran en paridad de condiciones a todas las farmacias, ya que la baja del precio podría ser traspasada directamente a las personas. Los cierto, es que sería bueno preguntar ¿cuánto cuesta fabricar un medicamento? y ¿por qué un mismo producto los laboratorios lo pueden vender con 1.000% de diferencia?', explicó la cadena.

Desde Salcobrand –segundo actor del mercado– señalaron que 'los laboratorios tienen políticas diferenciadas de precios en la región y a nivel nacional, razón por la cual Salcobrand ha insistido públicamente que todas las farmacias del país puedan acceder a los mismos precios que le venden a Cenabast, diferencia que se traspasaría de inmediato al resto de la población. Asimismo, que exista un observatorio nacional e internacional de precios que transparente las cifras de toda la cadena de valor de cara al público'.

Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, explicó que 'las farmacias no pueden comprar a los precios que accede Cenabast. El Estado tiene un poder de compra mucho mayor al licitar y al hacerlo obtiene precios mucho más baratos que los precios que obtenemos nosotros en general'.