Un reciente informe del Ministerio de Salud dio cuenta de que a noviembre pasado había un total de 255 mil cirugías pendientes en el sistema Fonasa, correspondientes a prestaciones no contenidas en el sistema de garantías explícitas o GES.

Conforme a dicho catastro, el 42% de los inscritos debe esperar más de un año para acceder a dichas prestaciones, lo que corresponde a unas 107 mil personas. De éstas, algo más de 14 mil deben esperar a lo menos tres años. Son cifras ciertamente preocupantes, que no hacen más que dar cuenta de los graves problemas estructurales que sigue presentando el sistema de salud pública, donde se atiende el grueso de la población. Dentro de este sombrío escenario, es positivo que el número de cirugías pendientes haya disminuido el último tiempo, producto de planes especiales implementados desde el Ministerio de Salud.

Con todo, estos registros continúan siendo impropios para los estándares que se ha fijado el país, y confirman por qué la salud invariable- mente sigue estando entre las tres principales prioridades de la ciudadanía. Es indispensable que la reforma a la salud pública adquiera urgente relevancia, no solo por el sufrimiento que representa para decenas de miles de compatriotas el no poder resolver a tiempo sus dolencias o patologías, sino además por el evidente riesgo de que estos retrasos puedan derivar en un agravamiento de los pacientes, produciendo daños irreversibles o incluso la muerte.

Sobre este último punto, no existen cifras concluyentes respecto de pacientes fallecidos en listas no GES; en los informes que obligatoriamente se deben rendir ante las comisiones de presupuesto en el Congreso, en 2016 se llegaron a reportar más de 25 mil fallecidos en listas no GES, una cifra que ha sido ha sido relativizada en el informe evacuado por la Comisión Médica Asesora Ministerial que nombró el gobierno anterior, debido a las dificultades para establecer una causalidad directa. El mismo informe, sin embargo, admite que hay miles de casos en que sí podría haber relación. Esta sola posibilidad reviste suficiente gravedad como para actuar sin mayor dilación. Cabe recordar que el Ministerio Público, a su vez, mantiene causas abiertas por pacientes que eventualmente fallecieron al haber sido excluidos de las listas GES.

A la luz de todos estos antecedentes llama la atención que el gran empeño de la clase política aparezca puesto en una reforma al sistema de Isapres, el que a pesar de sus dificultades y áreas que requieren evidente perfeccionamiento, logra satisfacer razonablemente los requerimientos de salud que demandan sus afiliados. La falta de médicos especialistas -lo que resulta especialmente evidente en regiones-, la necesidad de incrementar el número de camas, el aumento de la infraestructura hospitalaria y la necesidad de introducir mejoras sustanciales en gestión son tareas que requieren especial dedicación legislativa y recursos, empeño que no parece reflejarse en las reformas políticas que desviven actualmente al Congreso.