El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, admite que en el sector existe preocupación tras los últimos fallos judiciales que respaldan las reclamaciones de afiliados, objetando aspectos claves del funcionamiento de las aseguradoras, como el uso la tabla de factores o la declaración de salud. En ese contexto, critica la demora del Estado en la elaboración de una reforma que corrija esta y otras deficiencias legales, y pide que se incluya al sector en la elaboración de la nueva regulación que el próximo mes ingresará al Congreso. ¿Cómo toma la industria los últimos fallos de los tribunales y la proximidad de una reforma al sistema?

Estamos preocupados, a pesar de que entendemos que los fallos tienen un efecto relativo y se aplican solo a la persona que ha demandado, eso no significa que podamos estar tranquilos frente a esta circunstancia y menos frente al proceso de reforma que se ha iniciado, fundamentalmente, porque no hemos tenido participación en él. Si bien podemos compartir los principios que inspiran al gobierno, en cuanto a diseñar un plan garantizado, establecer mecanismos de compensación de riesgos a través de un fondo y permitir la movilidad en el sistema, nos preocupa que no haya una mayor participación de los distintos actores y las personas que son expertas en el diseño de estos sistemas.

¿Cómo interpretan los fallos judiciales que respaldan a los afiliados en temas como tabla de factores y declaración de salud? Puede ser esto una forma de presionar al Ejecutivo para que legisle y resuelva el problema. No hay que olvidar que la Ley de Isapres está truncada, desde 2010 que hay artículos borrados, entonces pueda ser una forma de presionar al co-legislador, porque hay un cambio de criterio en los fallos. Antes los tribunales le daban la razón a las isapres en esos temas y ahora no. Ayer el ministro de Salud adelantó a La Tercera algunos alcances de la reforma que está trabajando.

¿Están de acuerdo con esos planteamientos? Lamentablemente, nosotros no tenemos más información de la que hemos visto en los medios. Resulta tremendamente incómodo informarse por los medios de lo que quiere hacer el gobierno, especialmente cuando esta es una reforma que involucra no solo a 3,5 millones de personas, sino importantes inversiones. Nos preocupa tener tan poco conocimiento de este proceso de reforma. Nosotros compartimos en términos generales el lineamiento que está dando el gobierno, pero el diablo está en los detalles y ahí es donde tienen que participar los técnicos para que salga bien.

¿Han pedido participar? En alguna de las reuniones que hemos sostenido con el ministro le ofrecimos participar de un grupo de trabajo técnico y ser convocados para aportar en el desarrollo de esta idea, que compartimos en general, pero lamentablemente no hemos sido convocados.

¿Cómo ven esa situación? No sé si el ministro tiene mucha seguridad del aporte que están haciendo sus asesores y las personas que están trabajando en esto y capaz que crea que puede hacerlo solo, pero a mi juicio el aporte que pueden dar los expertos en aseguramiento en salud es invaluable. En Chile, uno de los capitales que hemos logrado es tener una gran experiencia en aseguramiento en salud. Desperdiciar ese patrimonio no me parece adecuado. ¿A qué atribuye la demora en la aprobación de una nueva ley? Este sería el tercer gobierno que lo intenta. ¿Lo ve posible? Se requiere que el gobierno demuestre su liderazgo y capacidad para generar una propuesta que dé viabilidad al sistema.

Es evidente que se ha buscado un chivo expiatorio que son las isapres. No somos nosotros los encargados de responder el exhorto del TC. Las isapres se esmeran en cumplir la ley. Compartimos la idea de solidarizar el riesgo, pero debe ser con una ley y esa ley debe hacer viable y dar estabilidad jurídica al sistema. Se quiere culpar a las isapres de una incapacidad del Estado para resolver este problema y nosotros no podemos modificar la ley. El gobierno ha dicho que la declaración de salud tiene fecha de vencimiento. ¿Qué le parece? Estaremos de acuerdo con eliminar la declaración de salud con Fonasa solo si existe un fondo de compensación de riesgo con Fonasa, que incluya aportes fiscales.

De lo contrario, es inviable que 1,9 millones de afiliados a isapres financien la salud de 18 millones de chilenos con una carga de enfermedad muy importante no resuelta. ¿Qué le parece que en ocho años el Estado no resolviera el vacío legal que dejó el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional parte de la tabla de factores? Nos complica, sin duda. Una de las cosas que hemos pedido hace años es estabilidad en las reglas del juego.

De alguna forma, desde el fallo del Tribunal Constitucional del 2010, hemos vivido en permanente inestabilidad, inseguridad e incertidumbre y no se le puede exigir a un sector económico como es el sistema de salud que tenga un desarrollo armónico si las normas del juego son inestables o existe incertidumbre. Es imposible que en un sector tan complejo como este, donde todas las inversiones se proyectan a largo plazo, se pueda desarrollar bien si existe incertidumbre respecto al sistema en el futuro. Evidentemente, el Estado no ha cumplido con el exhorto que hizo el TC y eso ha pasado porque no ha habido acuerdo político.