Gobernantes y legisladores han sido incapaces de resolver, por la vía legislativa, el desencuentro sobre los reajustes de precios de los planes y tarifas de las Garantías Explícitas de Salud (GES) que cobran las isapres.

El inmovilismo ha generado, en diez años, una industria de litigios que ha llegado a gastos aberrantes, cercanos a los noventa mil millones de pesos por costas judiciales, más otra cantidad sustancial por pagos de defensa a los abogados de esas aseguradoras de salud.

Los desacuerdos han desencadenado, en una década, más de ochocientos mil recursos de protección -que implican un costo excesivo para los servicios y atochan innecesariamente los tribunales de justicia- y que son acogidos sin siquiera ser alegados.

Sin duda, la falta de legislación sobre los reajustes de los planes de las isapres crea estos conflictos y esta verdadera industria de litigios que recarga al Poder Judicial.

Presidentes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago han planteado que la judicialización demanda la revisión de las políticas y de la legislación vigente en el sector de la salud privada, con el fin de dar una respuesta a la ciudadanía y evitar la sobrecarga de los tribunales superiores de justicia.

Se presenta un doble problema. Por una parte, está el incentivo a la judicialización por el comercio de los recursos de protección, derivado del elevado monto de las costas judiciales. Sus valores, fijados por los tribunales, han generado una industria estimada en 12 mil millones de pesos, solo en el último año. En muchos casos los abogados ofrecen pagar a sus clientes por estos litigios, con la seguridad de recibir costas lucrativas de cargo de las isapres.

Sin embargo, el mayor e inicial problema de fondo es la imposibilidad de los cotizantes de elegir otra isapre con mejores precios y servicios cuando padecen de enfermedades preexistentes aseguradas, y las discriminaciones de precio por edad y sexo. La ausencia de regulación para estas situaciones es el principal motivo de conflictos y requiere de legislación.

Durante la anterior administración del Presidente Piñera se trabajó en la fórmula de un seguro universal que solucionaría ambos inconvenientes. Durante el actual gobierno de la Presidenta Bachelet, el ministro Valdés afirmó estar avanzando en otro proyecto de ley con similar finalidad. Ambas iniciativas no han logrado concretarse, afectando a un sector que supera los tres millones de usuarios, con repercusiones en los servicios públicos de salud. Las autoridades y legisladores no pueden seguir postergando esta situación. La tarea pendiente debe ser una prioridad del nuevo gobierno y del Parlamento.