Señora Directora: Nuestro sector, que abastece a la totalidad de los centros asistenciales del país y que está compuesto por 2 mil empresas, genera más de 25 mil puestos de trabajo y beneficia a cerca de 100 mil personas, está puesto en jaque producto de la deuda hospitalaria en Chile, la que a fines de este año podría superar los $ 800 mil millones, de acuerdo a la estimación del mismo ministro de Salud.

En este contexto, como Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), observamos con preocupación el proyecto de ley anunciado por el gobierno sobre Pago Oportuno a proveedores. Según el ranking de pagadores del Estado las entidades peor evaluadas son precisamente hospitales y municipalidades.

No puede ser que los pagadores peor evaluados del Estado sean eximidos por más de tres años de las exigencias que establecería la nueva normativa. Estimamos que es esencial que la administración de la salud pública se entregue a expertos en gestión.

Como APIS hacemos un llamado a las autoridades a que reformulen el proyecto de ley. Los tiempos de espera de pagos a los que estamos expuestos van sobre 300 días. Es necesario enmendar la exclusión de la que hemos sido objeto, para no perjudicar a los pacientes y a la población en general.