Si bien en Chile existen más de 190 hospitales y el plan de inversiones del Gobierno contempla dejar construidos otros 25 recintos al final de este Gobierno, uno de los principales problemas del sistema público de salud es la falta de pabellones, camas para hospitalizar y, sobre todo, de médicos especialistas que permitan entregar una atención oportuna a los más de 14 millones de personas que se atienden en la red pública.

Para tratar de paliar ese déficit y no interrumpir la atención de pacientes, los servicios de salud y los hospitales contratan a privados para resolver las patologías de sus usuarios, o bien derivan a los pacientes a recintos privados. Sin embargo, esto suele implicar un mayor gasto para el sistema, ya que esas prestaciones son compradas a precios más altos de lo que habría costado en un recinto público.

Solo durante 2019, el Ministerio de Salud gastó más de $550 mil millones en compra de servicios a sociedades médicas ($300 mil millones) y derivaciones de atenciones a clínicas privadas por falta de capacidad en la red pública ($250 mil millones). Por ejemplo, para la resolución de patologías AUGE la cartera desembolsó más de $16 mil millones en recintos privados, para así evitar incumplir con los plazos establecidos por ley.

'En la compra a privados, tenemos un mal uso de recursos, en el sentido de que no están sometidos a una licitación transparente', asegura el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Añade que el monto gastado es similar al de años anteriores. Manuel Inostroza, secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades de Salud, asegura que el principal problema se da con las sociedades médicas, formadas por facultativos que suelen destinar parte de su jornada en hospitales, pero que fuera de su horario laboral ofrecen sus servicios a precio de particular.

'No estamos siendo capaces de velar para que los médicos produzcan lo que tienen que producir en su horario contratado', sentencia Inostroza. Agrega que una forma de arreglar esto sería 'reformular la ley médica, porque hoy al profesional se le está pagando por estar en el hospital y no por atender pacientes y resolver garantías'.

Una reforma al sistema

Un tema que ha generado polémica de la reforma a Fonasa que presentó el Gobierno es que, al garantizar tiempos máximos de atención para patologías no AUGE, el seguro público podrá derivar automáticamente a los pacientes a recintos fuera de la red estatal, siempre que no exista capacidad para atenderlos. Según parlamentarios de oposición, esto refuerza la privatización del sistema público de salud.

El diputado integrante de la comisión de Salud Juan Luis Castro (PS) afirma que 'no veo la garantía, hoy, de que se pueda cumplir con plazos de atención sin tener que aumentar la compra a privados'. Sin embargo, Mañalich dice que 'la reforma también estimula la eficiencia. Porque si los hospitales alcanzaran su producción óptima, en la práctica no necesitaríamos referir pacientes a ninguna clínica'.

Por su parte, Inostroza advierte que 'el fortalecimiento de Fonasa no es garantía de que la compra a privados vaya a disminuir. Lo que se requiere es fortalecer la gestión de los hospitales y eso no está incluido en este proyecto'. Si bien Fonasa ha aclarado que una vez implementada la reforma en ningún caso se derivará fuera de la red más del 10% de las prestaciones, actualmente solo un 3,5% de las atenciones son resueltas por el sector privado. Es decir, el gasto en compras al extrasistema podría aumentar.