Nuevamente las alertas en la industria financiera están encendidas ante el avance de una moción parlamentaria que busca 'eliminar' las deudas contraídas por las personas y PYME durante la pandemia.

La iniciativa es un texto refundido en base a cinco mociones y fue firmada por los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Tomás Hirsch (INP), Cosme Mellado (PR), Jaime Mulet (FRVS), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Raúl Soto (IND). El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Economía de la Cámara.

La moción establece la prohibición a los registros o bancos de datos personales, como por ejemplo, de empresas como Equifax a través de Dicom, comunicar los datos de las obligaciones financieras a los bancos, que se hayan hecho exigibles con posterioridad al 18 de octubre de 2019 y que se encuentren impagas.

En el caso de las PYME, quedarían exentas aquellas que tienen ventas menores a UF 100 mil y las personas que, a la fecha de publicación de la ley, tengan deudas impagas inferiores a UF 150 por concepto de capital. Esto excluye intereses o reajustes.

Las restricciones de informar las deudas regirían una vez que la iniciativa sea ley y duraría por 120 días corridos posteriores al término del estado de excepción constitucional.

La advertencia de la banca

La Asociación de Bancos (ABIF) hizo llegar una presentación a la Comisión de Economía de la Cámara presentando los efectos de esta propuesta.

El gremio indicó que la información crediticia es clave para el funcionamiento del sistema bancario puesto que, de no existir, se produce un 'menor incentivo para cumplir obligaciones, ya que no pueden formar capital reputacional para acceder a mejores condiciones de crédito en el futuro'.

Asimismo, según la banca, esto conllevará a que los buenos pagadores enfrentarían condiciones de crédito más restrictivas, con mayores tasas y una menor oferta de crédito.

Así, ante la ausencia de datos crediticios la ABIF advirtió: no se podrá 'discriminar entre buenos y malos pagadores implicando que la tasa de interés aumenta y la oferta de crédito se torna más restrictiva'. El gremio aseguró que 'la evidencia específica de los ‘borrones’ en Chile ratifica los efectos negativos de limitar la información'.

Según el gremio, en 2012 cuando se eliminó los datos de deudores morosos con obligaciones menores a $ 2,5 millones, hubo un 'impacto negativo en el acceso de crédito y en las tasas de incumplimiento de sus beneficiarios. Un pequeño número de deudores se benefició de una disminución en las tasas de interés, mientras que un número mucho mayor vio un incremento en las tasas de interés'.

En cuanto al proyecto que discute el Congreso, la ABIF mencionó que ahora se 'establece una restricción que tiene una vigencia de varios meses, de hasta 120 días una vez finalizado el estado de excepción, los costos son difíciles de cuantificar'.

Precisó que 'es evidente que la contracción crediticia será especialmente severa. Sin embargo, el daño causado a los clientes actuales y potenciales de crédito será gigantesco, especialmente en un escenario como el actual'. Señalaron que los efectos negativos de menor información se focalizan en los segmentos de menores ingresos, incluyendo tanto a clientes con mora como a aquellos sin morosidad.

Escenario económico

La banca también hizo ver que dado el actual escenario económico 'debiéramos fortalecer el proceso crediticio y no debilitarlo'. Además, evidenció que los niveles de morosidad de las personas y las PYME se encuentran en niveles históricamente bajos.

Agregaron que, dada la alta liquidez que existe en la economía, los niveles de morosidad en la cartera de créditos hipotecarios llegaron a 1,36% y 1,39% en consumo, alcanzando mínimos históricos, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El gremio insistió al Congreso en la necesidad de avanzar en un sistema de información crediticia consolidada ya que no existe una estructura que permita agrupar a las deudas y así poder entregar mejores condiciones a quienes tienen mejor comportamiento de pago.

La ABIF dijo que 'las brechas de información en Chile requieren ser abordadas con el fin de avanzar, y no retroceder'. En esa línea, ahondó que se debe contar con un sistema moderno de obligaciones económicas.

El gremio sostuvo que se podrían perfeccionar los esquemas de garantías estatales en el corto plazo y los mecanismos de financiamiento de largo plazo del Banco Central.