¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera? Para responder esta pregunta citaremos al Banco Mundial: Nos referimos a personas que pueden acceder a productos útiles que les ayudan a satisfacer sus necesidades y a herramientas que facilitan la vida diaria y que 'ayudan a las familias y empresas a planificar… desde objetivos a largo plazo hasta emergencias imprevistas'. Estas definiciones, así como se ven, en lenguaje simple y planteadas desde una tribuna independiente, permiten aquilatar los alcances e implicancias concretos de la cruzada de la inclusión que debe convocar a todos los que estamos involucrados en el desarrollo de un sistema financiero más profundo, extenso, seguro y accesible. En efecto, la inclusión financiera tiene que ver con personas de carne y hueso que, en la medida que estén adecuada y competitivamente cubiertas de servicios y productos, verán mejorada su calidad de vida; chilenos con rostro, nombre y apellido, que podrán empoderarse y caminar con dignidad por la senda del progreso.

Autoridades, legisladores, actores privados, en fin, todos los que tenemos algo que decir y hacer, debemos realizar los mayores esfuerzos posibles por que la inclusión financiera sea una realidad extendida. Es cierto que en Chile el 97% de la población adulta tiene acceso a algún producto financiero, según el último informe de inclusión financiera publicado en marzo por la SBIF. Es cierto, también, que para el nivel de ingresos del país el grado comparativo de inclusión financiera es adecuado. Son realidades que deben enorgullecernos, por supuesto, pero que también deben incentivarnos, como señala el citado estudio de la superintendencia, a diversificar la oferta de productos y servicios y a aprovechar las oportunidades asociadas a la competencia y la innovación en el sector financiero.

La magnitud de este reto nos insta como sociedad a considerar con objetividad y sin pasiones, por ejemplo, los efectos adversos que en materia de bancarización tuvo la regulación de la tasa máxima convencional. Abordar este tema con responsabilidad también nos reclama no dilatar más el debate sobre un registro consolidado de deudas, un proyecto crítico para atacar la desbancarización y que hoy, afortunadamente, se ve más cerca, ya que los gremios del comercio y las cooperativas de ahorro también se han manifestado a favor de esta iniciativa. Solo nos queda avanzar. Pero desde cierto ángulo eso es lo elemental. Quienes jugamos un papel relevante en este sector estamos convencidos de que la inclusión financiera también se verá favorecida por la masificación de nuevos instrumentos y por los cambios que necesitamos activar en materia de sistemas de pago. La migración hacia un modelo de cuatro partes, por ejemplo, es una verdadera revolución que permitirá que hasta comercios unipersonales en las zonas más recónditas puedan contar con una máquina de pago (POS), una medida de inclusión que generará más dinamismo en el mercado y acceso a un ambiente de pagos más seguro.

De igual forma, en el banco que presido estamos convencidos de que la transformación digital facilitará el acceso a productos financieros en forma simple y desde dispositivos móviles, un proceso en que es fundamental que la convivencia de las fintech con la banca tradicional se dé con reglas claras y parejas para todos. En resumen, y aunque el nivel de inclusión financiera del país incluso destaca en el contexto internacional, las dinámicas globales demuestran que no podemos dejar de trabajar en extender su profundidad y alcance. En la empresa que tengo el honor de liderar creemos que a Chile le debe importar este tema porque no hay economías sanas si hay personas desprovistas de herramientas para progresar. Se trata de una responsabilidad que requiere de la mayor atención de las autoridades y del sector, porque en esto también se juega parte del desarrollo al que aspiramos como país.