Un sector que ha visto de lejos el crecimiento de los inmigrantes en Chile ha sido el sector bancario. Sólo un uno de cada tres de ellos accede a una cuenta RUT, tarjeta de crédito u otro servicio financiero. Así lo concluye el segundo Informe de Inclusión Financiera en Chile, elaborado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y que incluye por primera vez datos específicos de la población migrante. En un adelanto entregado en exclusiva a El Mercurio, el reporte destaca que a diciembre de 2017 sólo un 33% de los adultos foráneos (de un universo estimado de 847.959 personas) mantenía algún producto financiero. Cifra que contrasta con la proporción total de adultos en Chile que mantienen algún instrumento financiero y que llega a un 97%. Mario Farren, responsable de SBIF, afirma que uno de los motivos de este rezago podría ser su reciente llegada, considerando que según los datos del Censo, cerca de un 40% de la población extranjera arribó en los últimos años. 'Tienen un historial financiero breve o inexistente y hay menor información sobre su comportamiento de pago o uso de productos', dice. 'Es un segmento subatendido, pero es esperable que aumente en la medida que construyan su historia financiera'. Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y ex subsecretario de Economía, señala que 'es una cifra negativa; se les cierran varios sistemas de pago que los chilenos ocupamos habitualmente'. Según el economista, refleja una falta un carnet de identidad o residencia legal, lo que no les permite 'cumplir con el requisito básico que es necesario para poder acceder a ellos'. Juan Pablo Ramaciotti, director en el Servicio Jesuita a Migrantes, precisa que quienes llegan al país tienen como prioridad encontrar un trabajo y un lugar donde vivir, por lo que la inserción en otras áreas resulta más o menos paulatina. Además, de la existencia de barreras que afectan la posibilidad de acceder a bancarización, créditos u otros productos para un sector relevante de la población migrante, como la falta de información y redes o el no contar con un RUT.

Los más SOLICITADOS

Otros datos del informe de la SBIF muestran que el 63% de los extranjeros que mantiene algún instrumento financiero dispone de una cuenta vista y el 41% posee tarjetas de crédito no bancarias. Recién en el tercer lugar aparecen las tarjetas de crédito bancarias, con 31%. Para el superintendente, una de las razones son 'los requisitos para adquirir de estos productos son en general menos exigentes que los de otros productos, donde se requiere, por ejemplo, acreditación de niveles más altos de renta, integridad financiera, domicilio u otros'. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, expresa que a 'la cuenta vista de un banco puede acceder gente que tiene ingresos más bajos o más dificultades para bancarizarse y lo mismo reza para las tarjetas de crédito del retail, donde tienen asociada la idea de que no solo es el préstamo, sino que también los productos que directamente compran en las tiendas por departamento'.

CÓMO MEJORAR la inclusión

María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business de la Universidad de los Andes, comenta que se debe 'buscar la forma de que sean sujetos de bancarización, y muchas veces no lo son por un problema de riesgo, porque no tienen historia crediticia en el país', dice. 'Se podría avanzar a nivel latinoamericano, de tal forma que los organismos reguladores y agencias de crédito pudieran compartir información financiera entre países'. Por su parte, Ramaciotti dice que generar mayores facilidades y canales de información efectivos puede abrir muy buenas oportunidades. Pero agrega que es fundamental que los mecanismos de regularización para obtener un RUT sean más flexibles y expeditos, lo que no sólo es importante para una mayor inclusión financiera sino para que la población migrante pueda integrarse y aportar al país de buena manera en aspectos sociales, laborales, económicos y culturales. Flores, de LyD, dice que una posibilidad sería modificar la normativa para poder acceder a los productos financieros sin necesidad de tener el carnet de identidad. Lo que sería similar a lo que ocurrió en EE.UU., en donde son tantos los migrantes que recibieron que los instrumentos financieros se tuvieron que adecuar a la realidad.