En US$ 772 millones vendió la empresa de telecomunicaciones Entel un total de 3.242 torres de antenas de telecomunicaciones en Chile y su filial en Perú a la operadora norteamericana de infraestructura de telecomunicaciones American Tower Corporation, según informó ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según detalló al regulador financiero, la firma enajenó 1.980 torres en Chile —equivalentes al 40% de las propias que tiene en el país— y 1.262 en Perú —64% de sus antenas en ese mercado—, luego de realizar un estudio respecto del uso de estos activos 'con el fin de evaluar su valor estratégico según diversos factores, como el desarrollo de tecnología y la evolución del mercado de infraestructura de telecomunicaciones', indicó Entel. En ambos mercados se celebraron contratos de arriendo a largo plazo por esos mismos activos por un período de 10 años, renovables a opción de Entel. La compañía precisó que la utilidad neta consolidada por la operación, luego de impuestos de ambos contratos, alcanzaría a la suma total aproximada de $204.080 millones (unos US$ 270 millones).

La compañía chilena fue asesorada para la operación a nivel local por Banchile Citi y por Santander en Perú. En el caso de American Tower Corporation, fue apoyada por Asset Chile y el estudio de abogados DLA Piper. Entel informó que la operación se materializará en distintas fases, contemplando un 'cierre inicial' que considera del orden de un 65% de las torres a vender en Chile, y cerca de un 85% de las torres a enajenar en Perú, lo que se completará antes de que termine el año. Se prevé que toda la transacción se haga efectiva al 2021.

¿Qué ocurrirá con los fondos? Según la empresa 'se considera que la implementación de esta operación beneficiará la condición operativa y financiera de Entel, teniendo en cuenta diferentes factores, incluidos los desarrollos actuales y futuros de la tecnología, el grado de ocupación de las torres y la consecuente necesidad de densificación de antenas de menor altura'. Fuentes conocedoras indicaron que las partes solicitaron un informe a especialistas respecto de si la operación requería tener luz verde de las autoridades de libre competencia, quienes concluyeron que no se reunían los parámetros de la guía de la Fiscalía Nacional Económica para una consulta.