El informe 'Corporate Tax Statistics' publicado recientemente por la OCDE es bastante decidor. Chile es uno de los países que más ingresos percibe por concepto de impuestos a las empresas en proporción al total de ingresos tributarios.

Estamos rankeados en el número 15 entre 88 países que incluye el estudio, con una recaudación que representa cerca del 21% del total de ingresos. Superamos a Bélgica y Dinamarca que no llegan al 10%, y para qué hablar de Islandia y Francia, donde el indicador apenas roza el 5%. Las compañías en Chile tienen que tributar más, pero al mismo tiempo son las que menos ayuda obtienen del propio Estado. En términos de financiamiento gubernamental directo y apoyo fiscal a las empresas para investigación y desarrollo, somos el quinto país peor rankeado, sólo superando a Colombia, Sudáfrica, Latvia y Argentina. En el otro extremo, Francia, Bélgica y Corea del Sur están entre las que entregan más incentivos.

Es ingrato el escenario en nuestro país, y las reformas tributarias aprobadas desde 2010 no han hecho sino agravar el panorama. Durante este período se elevó la tasa impositiva para las empresas en nada menos que diez puntos, desde un 17% hasta un 27% (25% en el sistema integrado). Llama la atención que Chile sea el país que más ha subido su tasa de impuesto corporativo de los cubiertos por el estudio. Aunque el gobierno del Presidente Piñera consideraba rebajar el gravamen, lo cierto es que esta propuesta finalmente no se concretó y las firmas chilenas deberán seguir cargando esta mochila por un tiempo indeterminado.

También se complejizó la administración y el cumplimiento tributario, ya que ahora es necesario llevar más registros y hacer más declaraciones juradas, al tener dos regímenes paralelos. Todo lo anterior afecta especialmente a las pymes, que ahora requieren más que nunca de simpleza e incentivos concretos.

Pero quizás la peor noticia para las compañías en materia tributaria es que la reforma olvidó por completo incluir incentivos al ahorro y a la inversión. No hay ninguna iniciativa clara en ese sentido, especialmente en términos de investigación y desarrollo o innovación, lo que es lamentable, pues se perdió una buena oportunidad de emparejar en algo la cancha con la OCDE.

Al final, las señales son poco auspiciosas para nuestras empresas. Por un lado, se les está exigiendo cada vez más en materia tributaria, pero a diferencia de otros países, no se les devuelve la mano con apoyos fiscales.

Entre las soluciones, la propuesta de la rebajar progresivamente la tasa de impuesto de primera categoría, en la medida que se produzca el crecimiento esperado, se debe estudiar con mayor detención. También la posibilidad de otorgar incentivos directos como resultado de la inversión en proyectos de investigación y desarrollo, con créditos que se extiendan a todos los gastos asociados, incluyendo el gasto por remuneraciones, especialmente si se trata de ciertos empleos calificados de carácter técnico.

A esto se puede sumar el derecho a amortizar intangibles y la creación de un estatuto especial, distinto al de pymes, para nuevos negocios que se creen bajo ciertas condiciones.

En el mismo sentido, además de estar discutiendo cómo gravar las aplicaciones tecnológicas extranjeras, debiéramos considerar cómo crear mejores condiciones para que ese tipo de industria se desarrolle en Chile.